Auditoría: Saeta realiza sobrepagos a las empresas

La Auditoría General de la Provincia acaba de hacer público un informe sobre la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA). El trabajo, de 91 páginas, revela una irregularidad millonaria, que perjudicó a la Provincia y benefició a los empresarios. Es de tal magnitud la anomalía, que los auditores sugirieron extender la investigación y que el caso sea evaluado por la Justicia. 

Un dato importante: si bien el estudio se centró en el año 2014, las respuestas de las autoridades prueban que los “sobrepagos” fueron sistemáticos, desde la creación de SAETA, hasta la fecha.

El informe es minucioso y extenso. Para dar cuenta de cuál es la irregularidad, primero es necesario explicar que cuando se creó  SAETA,  en el año 2005 (en la gestión del exgobernador justicialista Juan Carlos Romero), el gobierno –a través de SAETA-  obligó contractualmente a remunerar las prestaciones de las empresas subconcesionarias por los kilómetros que represente la ejecución de sus operaciones.

Pero el pago por kilómetro recorrido no fue lo único que se acordó. Además, fueron previstos en los convenios premios por recaudación (urbano e interurbano) por kilómetro, el que tenía por objeto estimular a las empresas prestadoras a adoptar todas las medidas necesarias para incrementar la cantidad de usuarios y cuidar el respectivo cobro de cada viaje; y un premio por modernidad del parque, cuyo fin era incentivar a los empresarios a adquirir unidades nuevas, contribuyendo así a la calidad del servicio (mejores condiciones del viaje y del servicio) y a evitar la contaminación ambiental.

Es de tal magnitud la anomalía, que los auditores sugirieron extender la investigación y que el caso sea evaluado por la Justicia.

En resumen: la principal variable para establecer cuánto debía pagarle el gobierno a las empresas era el de kilómetro recorrido. Pero no la única: las otras variables se modificaban según la calidad de servicio. Y la gran irregularidad que se hace evidente en el informe es que estas otras variables no fueron medidas y se pagaron, siempre, con el valor máximo.

Esta comparación puede ser útil: un padre envía a su hijo/a a estudiar a otra provincia y le promete, además de la plata básica para alquiler y comida, mil pesos por cada diez que saque en un examen. El contrato establece que descontará $100 por cada punto menos que obtenga en un examen: Si saca un 8, sólo recibiría $800, por ejemplo. El contrato de Saeta con las empresas es similar, sólo que Saeta decidió pagarle a las empresas como si siempre sacaran 10, sin tomarse el trabajo de verificar cuál había sido el desempeño.

SAETA no solo realizó sobre pagos sino que además perjudicó a los usuarios de colectivos.

El índice de calidad

Una de las variables en la fórmula para determinar el pago a las empresas es el Índice de Calidad. Para determinarlo, se debía evaluar:

1. Denuncias verificadas referidas al servicio,

2. pasajeros transportados x 100.000 Pax,

3. incumplimiento de frecuencias, 

4. cantidad de accidentes de tránsito,

5. vehículos que no cumplen las condiciones apropiadas de higiene / Vehículos observados por los inspectores,

6. vehículos que no cumplen las condiciones apropiadas en materia de ruido y humos.

Todos esos factores fueron creados por un motivo, al menos en la teoría: incentivar a las empresas que prestaran un mejor servicio, pues si se esforzaban, cobrarían más. Al dar por sentado que las empresas tenían un desempeño máximo en todo, todo el tiempo, Saeta no solo realizó sobrepagos, sino que además perjudicó a los usuarios de colectivos.

Que la “eficacia” del servicio fue desdeñada se hace evidente en otra observación del informe: había un 20% menos de inspectores de los que debía haber.

También está claro que en el período auditado, las empresas no merecían que se les pague como si el servicio fuera el mejor posible. Porque, por dar un solo ejemplo, la cantidad de unidades dispuestas para la prestación era inferior al establecido. Saeta pagó, en ese momento, por la circulación de 547 unidades. Sin embargo, al verificar la información suministrada por la propia SAETA, se ha detectado una diferencia de 10 ómnibus de menos.

“No es el antes señalado el único efecto disvalioso para la concedente generado por la falta de cálculo de los “Indicadores de Calidad”. En efecto, tan importante como el anterior resulta ser que SAETA no cuenta con la información respecto de la calidad del servicio prestado, proveniente de aquellos indicadores, la que debería fundarse en datos documentados y verificables, en función de las normas previstas contractualmente”, señala el informe.

Se acota: El conjunto de incumplimientos contractuales, tales como los citados respecto del ‘Índice de Calidad’, del ‘Índice de Recaudación’ y el establecimiento del ‘Valor de kilómetro’, llevan a la des-naturalización del aspecto económico financiero de la relación.”

IMAGEN LA GACETA

Modificación de los contratos

Desde su creación, la relación entre el Estado y las empresas sufrió notorias modificaciones, según el infome.

“Las siguientes adendas a través de las cuales se establecieron, directamente, modificaciones del ‘valor de kilómetro’ y, por consiguiente, del ‘precio de la contraprestación’, hasta donde abarca el plazo del presente informe (ejercicio 2014), se realizaron obviando la aplicación del factor o elemento básico que vertebra y otorga sentido a toda la contratación: la estructura de costo (el ‘costo de kilómetro’) oportunamente convenida”, indicaron.

El informe precisa que Saeta suscribió, a partir del año 2012, “adendas” al contrato en las que, para ajustar el “Valor de kilómetro”, dejó de lado el criterio esencial, fundante y vertebrador de toda la contratación: el valor del “Costo de kilómetro”, establecido contractualmente a través de una “Estructura de Costo” objetiva, detallada, medible, documentable y verificable, reemplazándolo por un monto que no encuentra justificación válida comprobable.

La adenda respectiva del año 2014 tiene, en la parte pertinente, idéntica redacción, variando únicamente las fechas de entrada en vigencia de las modificaciones del “valor de kilómetro”. Es decir que incurre en una palmaria contradicción. “¿Se trata de desconocimiento, involuntario error o deliberada falsedad?”, se preguntan los auditores.

En detalle, ¿de cuánto dinero se trata?

Observemos algunos datos para que se pueda apreciar mejor la magnitud del dinero en juego. 

Según SAETA, durante el año 2014, los colectivos recorrieron 55.286.404 kilómetros. Por los diferentes ítems terminó pagando $13,31 por kilómetro. Es decir que las empresas recibieron del Estado $735.372.329. 

Si Saeta sólo hubiera pagado el ítem costo de kilómetro hubiera pagado $ 5,31 / km. ($ 293.634.067); pero también se hizo cargo de los ítems “Combustible no subsidiado” ($ 63.286.161) y el rubro “Dif Salarial + Asig. No Remunerativas”, por el que se terminó pagando $ 378.452.101,20.  

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“La situación de incumplimiento normativo por parte de SAETA podría haberse producido en períodos anteriores y posteriores al evaluado, lo que amerita profundizar la investigación al respecto”.

Después de la auditoría

El informe sugiere llevar la investigación a la Justicia. “Atento a la potencial gravedad en términos monetarios (financieros) –probable daño patrimonial al Fisco–, que se deriva del incumplimiento, por parte de SAETA, de las normas contractuales, se advierte la necesidad de profundizar la investigación en tal sentido”, dice uno de los últimos párrafos del informe. 

Y añade: “la situación de incumplimiento normativo por parte de SAETA –con el consiguiente efecto financiero potencialmente dañoso– podría haberse producido en períodos anteriores y posteriores al evaluado, lo que amerita profundizar la investigación al respecto”.