Negocio del plasma: De la Arena no quiso declarar y habría nuevas acusaciones

El gerente de Hemosalta SRL está imputado por tentativa de fraude a la administración pública, tras conocerse dos pedidos de cobro a sanatorios por la transfusión de plasma para pacientes covid-19.

05 Oct 2020
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El médico Martín de la Arena fue imputado hoy por el delito de tentativa de fraude a la administración pública, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. Se presentó esta mañana en fiscalía, pero se abstuvo y pidió declarar por escrito. Ahora tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo.

En el marco de esta investigación, el fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, no descartó nuevas imputaciones.

En el decreto de imputación constan las declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

El imputado es el socio gerente de Hemosalta SRL, prestador de la obra Social IPS. Según las investigaciones, el médico habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de plasma (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto, a sabiendas que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que el Centro de Hemoterapia provincial entregaría plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

El acusado no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa manera, la obra social y en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

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