Violencia machista en Salta: una fiscal aseguró que “el sistema está mal”

La violencia machista es un flagelo que año tras año se acrecenta en el país y repercute en la provincia. De acuerdo al registro nacional de la organización Mumala, en Argentina una mujer fue asesinada cada 32 horas, en lo que va de 2020. En estos 11 meses, nueve mujeres salteñas fueron víctimas de un femicida.

En este contexto, el gobierno de Salta extendió por el plazo de dos años la vigencia de la Ley 7.857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género. Esta normativa le permite al Ejecutivo disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas que crea pertinentes sobre la problemática.

En diálogo con LA GACETA, la Fiscal Penal N° 3 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Noemí Geria aseguró que la violencia machista “es una pandemia” en nuestra sociedad. “Es un problema de idiosincrasia”, dijo la letrada y sostuvo que los crímenes que tienen como víctimas a las mujeres nos interpelan como sociedad. “Todos estamos desbordados. Llegan estos casos y salimos y queremos justicia, pero qué hacemos para que esto cambie”, se preguntó.

Geria detalló que en las cuatro fiscalías que posee Salta se reciben, en promedio, 10 denuncias diarias por violencia. “Atrás de cada papel, de cada expediente hay una víctima. Y la causa de la víctima de ayer quizás quedó un poco tranquila porque ya me tocó otra víctima hoy”, indicó en relación al nivel de saturación en la que se encuentra el sistema.

“Es el sistema el que está mal. Parece una frase hecha pero el sistema está mal”, enfatizó la fiscal y destacó que todas los casos deben ser atendidos con una “estructura pobre, poca gente y sin las herramientas necesarias para proteger a la víctima”.

En relación a la prórroga emergencia por Violencia de Género, la funcionaria judicial manifestó que dicha decisión representan una derrota. “La prórroga significa que perdimos como sociedad. La prórroga tiene una hermosa motivación pero pocos recursos para poder aplicarla”, sentenció.

“Vamos por detrás de los hechos”

La diputada provincial Silvia Varg también se refirió a esta decisión política de extender el plazo de una ley vigente desde 2014. “Esto significa que avanzamos poco en mejorar los servicios de justicia”, dijo la legisladora y puntualizó que la existencia de solo cuatro fiscalías especializadas no permite atender con urgencia cada caso que se denuncia en Salta.

 En este sentido, la diputada también mencionó lo ocurrido con Paola Tacacho en San Miguel de Tucumán y dijo que el caso puso en evidencia “la ausencia de perspectiva de género en los tribunales”. “Eso fortalece la inmensa barrera que tenemos las mujeres para acceder a justicia. En efecto, se visibiliza sin reparos, el incumplimiento sistematizado del deber de actuar con debida diligencia por parte del Estado, el Poder Judicial. Refleja, un sentir discriminatorio, que consiste en desacreditar las denuncias de las víctimas, para sostener que darles curso, es generar un dispendio jurisdiccional innecesario”, concluyó.