Investigan la actuación de un juez salteño en un caso de trata

La actuación del juez federal de Salta, Miguel Medina, en un caso de trata de personas, se está analizando en el Consejo de la Magistratura. Un dictamen recomienda que el magistrado sea citado a dar explicaciones, porque la causa estuvo alrededor de dos años paralizada por un conflicto de competencia; pese a que en este tipo de delitos "las cuestiones de competencia no suspenden la instrucción”, según señala el Código Procesal.

Según informó el sitio Infojus, el expediente llegó al Consejo de la Magistratura a fines de octubre de 2013 luego que lo remitiera la Procuración General de la Nación a partir de un informe realizado por el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestro Extorsivos (PROTEX), Marcelo Colombo. El fiscal federal Horacio Arranz, había advertido "demoras” en la causa en la que se investigaba un caso de trata de personas y se lo comunicó a Colombo.

Esta situación iba a ser tratada ayer en la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación con un dictamen del secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien pidió que el juez salteño brinde explicaciones por las “demoras excesivas” y la “paralización” de la causa. Por pedido del juez Luis Cabral, se postergó su tratamiento.

El caso por el cual es cuestionado Medina tuvo su origen el 16 de diciembre de 2010, cuando un padre presenta una denuncia por la desaparición de una de sus hijas, quien había viajado a Comodoro Rivadavia a trabajar en un hostal. La chica, después, mandó mensajes de textos advirtiendo que estaba “encerrada en un prostíbulo”. El padre hizo la presentación en el juzgado de Miguel Medina. Se inició la investigación, que determinó el 18 de diciembre que la chica estaba en Mendoza, cautiva. Entonces se paraliza la causa por casi dos años, porque para el magistrado de Salta Comodoro Rivadavia debía seguir con la causa. El juez salteño sostuvo que no le correspondía tener a cargo la causa porque el hecho no había ocurrido en su territorio.

Recién en enero de 2013 el caso llegó a la justicia federal de Comodoro Rivadavia. Para ese entonces el prostíbulo denunciado ya no existía y tampoco se pudieron encontrar “registros comerciales, ni registros de habilitaciones de un local nocturno de tales características”. La causa quedó archivada.