Continúa sin aclararse la desaparición de 90 millones de pesos del Concejo Deliberante

El diputado Carlos Zapata cuestionó con duros términos al oficialismo y al fiscal que debía investigar el destino del dinero.

02 Sep 2014
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OBLIGACIÓN. Carlos Zapata dijo que es su deber como funcionario público hacer que el tema se investigue. FOTO WWW.FM899.COM

Todavía quedan muchos cabos sueltos en torno a la causa sobre la virtual desaparición de aproximadamente 90 millones de pesos del erario municipal que se inició en julio de 2013 por pedido del exconcejal Roque Rueda y del diputado Provincial Carlos Zapata. 

El cuestionamiento de ambos legisladores había puesto la lupa sobre una norma que permitía erogar fondos bajo el nombre de "subsidios", sin rendir cuenta de su destino.

“La Carta Orgánica Municipal establece que el Tribunal de Cuentas debe controlar la hacienda municipal como los gastos en subsidios y éste, que es designado por el Intendente, no lo hacía”, dijo Zapata en diálogo con LA GACETA.

El legislador aseguró que ese dinero se destinaba a sobresueldos de concejales y funcionarios para mantener una estructura de punteros políticos.

“En una conversación de la que tomé registro con mi grabador, Matías Cánepa (ex presidente del Concejo Deliberante) me dijo que esa plata se usaba para hacer política y que se repartía entre el oficialismo y la oposición. Ante mi cuestionamiento, me contestó que no era un pecado, que él lo había consultado a un cura, quien le había dicho que si no se había enriquecido, no era pecado”, contó.

Luego cuestionó: “mire la doble moralidad de esta gente, que se atragantan con hostias y se gastan la plata de los más pobres en rosca, en política y no hay problema, pero si me compro un alfiler ya es pecado”.

Zapata agregó que presentaron una denuncia con pruebas y pidieron al fiscal que secuestre la documentación para que determine a nombre de quién estaban las órdenes de pago, quién cobro el cheque en el banco y hablar con esas personas para ver si verdaderamente eran beneficiarios del subsidio. "Nada de eso ocurrió", lamentó.

“La inacción del fiscal no solo nos priva de la oportunidad de conocer más del tema, sino que actuó encubriendo para lograr impunidad”, sentenció con respecto al trabajo de Guillermo Akemeier, el funcionario del Ministerio Público que debía investigar la causa y terminó mandandolá a archivo. 

Fue la Fiscal de Impugnación Josefina David de Herrera quien tomó intervención luego y estimó que correspondía continuar con las investigaciones, basándose principalmente en la existencia de resoluciones de la Presidencia del Concejo Deliberante, por las que se aprobaban disposiciones que otorgaban supuestos subsidios por muchos millones de pesos.

Mediante una resolución, David de Herrera solicitó a la Justicia que se le ordene al Concejo Deliberante suministrar las copias de los instrumentos legales por los que se haya dispuesto imputaciones a la partida 1.3.1 (Subsidios, Subvenciones y Becas) durante los ejercicios 2012 y 2013.
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