LA GACETA SALTA
Recomiendan la extracción de sangre a familiares de desaparecidos
Solo cuatro personas se acercaron esta mañana. Las muestras extraídas irán protegidas al banco genético y servirán para cotejarse con restos hallados en todo el país.
07 Oct 2015
La presencia en Salta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) serivrá para que la muestras genéticas tomadas a familiares de desaparecidos sean transportadas de forma segura y protegida hacia el Banco de Datos Genéticos (BNDG).
Las muestras tomadas servirán para cotejarlas con los restos humanos encontrados en cualquier parte del país, aunque principalmente serán comparados con los hallados en una fosa común en el cementerio de la Santa Cruz.
Germán Lozano, miembro de la Agrupación Oscar Smith del Sindicato de Luz y Fuerza, que se dedica a la lucha por los derechos humanos y participa de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, le contó a LA GACETA que necesitan que la gente se acerque a extraerse sangre.
En el primer día de extracción, que se extenderá hasta el viernes entre las 10 y las 12 en la sede del Sindicato de luz y Fuerza (calle Pellegrini 535), solo cuatro personas se acercaron. “En Salta se busca a más de 200 desaparecidos”, reveló Lozano.
Debido a la seguridad con la que se tratarán las muestras, el viernes llegarán desde Jujuy familiares de desaparecidos de aquella provincia. La importancia de registrar el material genético de los familiares está en que aún quedan varios cuerpos encontrados sin identificar. Por ejemplo en Tucumán, hay 37 cuerpos de los que no se conoce su identidad por falta de muestras de familiares.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es un organismo autónomo y autárquico, creado en 1987. Es un archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Su objetivo es garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.
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