LA GACETA SALTA
Denuncian un complot judicial en contra de Reynoso
Abogados defensores del juez y de otro procesado presentaron sus pruebas de una maniobra a gran escala. Conocé los detalles.
28 Dic 2015
La causa por asociación ilícita por la que están procesados el juez de Orán, Raúl Reynoso, y otros siete imputados, adquiere cada día aspectos más escandalosos. A todo lo sucedido hasta ahora, suspensión de Reynoso inclusive, se le sumó hoy la denuncia mediática de un complot judicial y político, hecha por abogados defensores de dos de los procesados.
“La causa está armada y tenemos pruebas para demostrarlo”, fue el leitmotiv de los abogados Federico Magno (representa a Reynoso), Daniel Luna (abogado de Arsenio Gaona, quien también estuvo presente), Mariani y Miguel Fernández.
¿Qué denuncian? ¿Cómo sería el complot? ¿Por qué “armaron” esta causa? ¿Qué pruebas tienen? ¿Cómo sigue esta historia? Enterate qué le contaron los denunciantes a LA GACETA SALTA.
Una causa “armada”
Juntos y con fotocopias del expediente, los abogados insistieron en que existe una decisión tomada y ejecutada destinada a destituir a Reynoso. Denunciaron que los fiscales de Salta, Eduardo Villalba, y de la Procunar, Diego Iglesias, llevan adelante una investigación antojadiza y dirigida a acusar al juez, valiéndose de malos procedimientos, rumores y complicidades.
El complot, afirman, comprendería a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, tanto de Salta como de Orán, como así también a miembros de la Justicia, desde el juez Julio Bavio hasta de la Cámara Federal de Apelaciones. No eximieron del mismo a algunos de los integrantes del Consejo de la Magistratura que apartó del cargo a Reynoso la semana pasada, ya que consideraron que actuaron con inusitada e injustificada premura y amparándose en cuestiones ajenas a la causa de destitución, que no tiene nada que ver con la investigación por asociación ilícita.
¿Por qué habría interés en desplazar a Reynoso de la Justicia?
Según los abogados y el propio Arsenio Gaona –procesado como uno de los presuntos abogados que negociaría libertades de sus clientes con Reynoso-, los motivos no serían pocos ni menores.
En primer lugar señalaron el interés por ocupar su puesto, el importante cargo de juez federal en la extensa y caliente frontera norte argentina. Julio Bavio, juez subrogante en Salta (dejará de serlo el 28 de enero cuando se aplique el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales a las subrogancias) y el fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, de conocidas disputas con Reynoso, serían los principales interesados.
La intensa campaña política que vivió el país y la intención de captar los votos que el massismo logró en el norte gracias a su discurso antinarcontráfico de cara al balotaje, sería el motivo político que desató la causa. “Hasta Cristina (Fernández) por cadena nacional habló del caso”, recordaron los abogados.
Los denunciantes insistieron no solo en la inocencia del magistrado acusado, sino que resaltaron su trabajo en las más de 28.000 causas que atendió, con cientos de detenidos e imputados por narcotráfico. Por eso, consideran que perjudicarlo a él implica beneficiar a muchos narcotraficantes.
¿Qué pruebas avalan su denuncia?
Los abogados contaron que decidieron hacer pública su denuncia debido a que cuentan con las pruebas que demuestran el complot. Uno de los elementos en los que se apoyaron fue en tres declaraciones testimoniales.
El día que el presunto narco, Iván Cabezas, declaró ante los fiscales que Reynoso pidió dinero para liberarlo, llamó a Héctor Eduardo Flores y habló sobre un dinero a pagar por unas liberaciones. Al escuchar esto, los fiscales citaron a Flores, quien declaró que antes de aquél día, Cabezas le había dicho que lo iba a llamar y le dio instrucciones de lo que debía contestar.
Diego Aquino fue señalado como quien el 9 de julio buscó el dinero que habría pagado Cabezas, desde el estudio de Gaona. Al declarar negó aquello pero reconoció ser amigo y haber trabajado para Cabezas en sus carnicerías. Gaona pidió pidieron que periten la cámara de seguridad que está en la puerta de su estudio y agregó que consta en los registros de migraciones que en esa fecha, Gaona estaba de viaje en Paraguay.
Los fiscales basaron mucho de su investigación también en las declaraciones de los empleados judiciales de Orán que comprometieron a Reynoso y al resto de los procesados. Según los abogados que denuncian que la causa está armada, las declaraciones no son concisas ni claras y que solo hablan de reuniones que son normales en los juzgados. Además señalaron que 16 empleados declararon que se trabajaba normalmente en el juzgado y que nadie tenía entrada libre al despacho del magistrado.
Lo que viene en la causa
Mientras esperan por la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones respecto del recurso presentado contra los procesamientos (también apelada por los fiscales pero por disponer la libertad de los imputados), los abogados de Reynoso y Gaona trabajan para recolectar aún más pruebas.
Aunque les cueste, dijeron que creen en la independencia judicial pero anunciaron que buscarán apartar de la causa a Bavio y los fiscales, porque consideran que no cumplen sus funciones de acuerdo a derecho sino con una intencionalidad subjetiva.
Para argumentar ello, adujeron que los fiscales cometieron delitos al no haber detenido
ni a Cabezas, ni a Roxana Brítez ni a Rosana Rivas Vázquez, todos por haber declarado que participaron en las maniobras delictivas investigadas. Rivas Vázquez es expareja del abogado procesado René Gómez y confesó que fue propietaria –interinamente- de un predio que un presunto narco cedió al juez Reynoso. “Cometieron el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”, arremetió Luna.
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