Ley de Abastecimiento: se esperan duros cruces entre el oficialismo y la oposición

La Cámara de Diputados empezó a las 12.05, con la presencia de 139 legisadores en el recinto, la sesión especial para tratar la modificación de la ley de Abastecimiento y proyectos para regular la relación entre empresas y consumidores, la cual se estima que se prolongará por 24 horas.

El oficialismo logró el quórum con el apoyo de sus aliados tradicionales, más el sindicalista Omar Plaini y Alberto Roberti (FR), y luego empezó a ingresar la oposición cuando se había formado el número.

Cálculos preliminares estiman que la sesión se extenderá durante casi un día completo debido a la cantidad de dictámenes presentados y la abultada lista de oradores, de alrededor de un centenar de diputados, que se anotarán para hablar sobre los proyectos que son duramente criticados por el sector empresario. (DyN).

Qué establece el proyecto

El proyecto de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” actualiza las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, con el objetivo de atender la cuestión de los precios, que incluye la inflación y ciertos abusos sobre los consumidores, según consigna el medio especializado Parlamentario.

En este sentido, la propuesta habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.

Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas.

El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca.

Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años, aunque para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial, de acuerdo a un cambio que aceptó el Ejecutivo.

Durante el debate en comisión, el oficialismo también accedió a eliminar las clausuras definitivas y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta nueva regulación, “siempre que no detecten posición dominante”.

Pero además, la autoridad de aplicación original -la Secretaría de Comercio- no figurará directamente en el texto legal, sino se ordenará al Poder Ejecutivo a que la designe.