Pidieron 20 años de prisión para Marcos Levín

Los abogados de la querella del juicio contra el ex empresario Marcos Levín pidieron 20 años de prisión para el ex dueño de La Veloz del Norte, por considerarlo autor responsable de instigar torturas y la privación ilegítima de la libertad de su ex empleado Víctor Manuel Cobos.

Fueron más de cinco horas de audiencia, la de ayer, en la que los letrados dieron lectura de los alegatos en los que concluyeron que Levín fue partícipe necesario de “una empresa criminal conjunta” cuyo objetivo fue perseguir a los trabajadores, detenerlos sin causa por las fuerzas de la seguridad y  someterlos a tormentos.

Para esto contó con la participación de los ex policías Víctor Hugo Almirón, Víctor Bocos y Enrique Cardozo, según la querella.

Para Almirón y Bocos, también se solicitó la pena de 20 años de prisión por considerarlos coautores de estos delitos de lesa humanidad. El primero por ser titular de la comisaría 4ta durante los años de la dictadura, responsable consciente de los tormentos que allí se propiciaba en perjuicio de Cobos. Y el segundo por su condición de subjefe de dicha dependencia y su vínculo con Levín y su empresa transportista.

En tanto que para Cardozo se pidió 18 años de prisión, por contribuir en la comisión de los delitos, desde su fusión como oficial de esta comisaría.

Susana Aramayo, integrante de la querella, fue la primera abogada en dar sus alegatos. En su exposición se refirió a Cobos como un trabajador comprometido con la militancia, elegido por sus compañeros como delegado gremial de la UTA entre los años 1974 y 1978. Recordó que su hermano Martín Cobos fue asesinado a los 18 años por las fuerzas de seguridad y Enrique (otro de sus hermanos) debió exiliarse ante la persecución sufrida durante de la última dictadura.

Seguidamente, el abogado David Leiva detalló el contexto histórico en el que se ubica la detención de la víctima. Dijo que los hechos ocurrieron en un régimen estatal que llevaba a cabo “un plan de aniquilamiento” en contra de lo “subversivo”, de “un enemigo interno” (sindicalistas, estudiantes universitarios, trabajadores). Según el letrado, en el legajo de Almirón se lo reconoció como oficial inspector por haber aprobado con excelentes notas el curso de represión del movimiento subversivo y  fue participe del departamento de inteligencia que tenía a su cargo el seguimiento y espionaje de las organizaciones revolucionarias y gremiales.

También dijo que durante el juicio se acreditó que Bocos trabajó como inspector para La Veloz del Norte en los ‘70 siendo además segundo jefe de la comisaría 4ta. “Levín se valió de este cargo que era el que maquinaba los sumarios”, alegó Leiva.

A su turno, la abogada Grisel Kolbl recordó el relato de varios testigos y de la propia víctima, quien fue detenida el 15 de agosto de 1974. Cobos había contado que Bocos fue quien lo detuvo en su propio lugar de trabajo y ordenaba los tormentos en la comisaría, siendo Cardozo el que aplicaba la picana en distintos lugares de su cuerpo. Además relató que la víctima, mientras era torturada con capucha, reconoció, en una oportunidad, la presencia de Levín en la comisaría por el aroma característico de su perfume y  que en otras ocasiones vio que el ex empresario se entrevistaba de noche con Bocos en dicha dependencia policial.  

Finalmente, el abogado Oscar Rodríguez alegó que los hechos imputados entran en la calificación de “delitos de lesa humanidad” en virtud del contexto de poder, tiranía e impunidad que garantizaba el Estado al ex empresario, dejando a la víctima en situación de desamparo cuando Cobos fue detenido y acusado de estafas en una causa “armada” sin órdenes judiciales, si actas y sin defensor público.

El letrado consideró que Levín merece el máximo de las penas al integrar una “empresa criminal conjunta”, en la que era responsable de un plan común junto a Bocos, Almirón y Cardozo. Lo definió como autor de los delitos por su influencia en los funcionarios salteños y sus aportes económicos (para los policías), materiales (como los vehículos de la empresa) y la documentación que señalaba a los trabajadores a detener y atormentar.       

Por todo esto, la querella pidió al Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta, integrado por integrado por Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, la pena de 20 años de prisión para el ex dueño de La Veloz del Norte.

Los alegatos de las partes continuarán el próximo lunes 29, a partir de las 15, y el 14 de marzo se dictaría la sentencia.