Interactivo: en un año se desmontaron 95 hectáreas por día del chaco salteño

Un informe actualizado de Greenpeace sobre los desmontes en la provincia de Salta advierte que los cambios en la zonificación de los predios tendrán un impacto ambiental significativo y "afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas" de la región.

El estudio, actualizado a fines de abril pasado, indica que los cambios en la categorias de las zonas protegidas de bosques nativos a zonas explotables alcanzan a una superficie mínima de 126.177 hectáreas y vulneran la Ley Nacional de Bosques vigente. "Los bosques nativos que originalmente fueron clasificados en las Categorías I (Rojo) y II (Amarillo) deben continuar en pie", dice el trabajo y reclama la cancelación de los permisos que está otorgando el gobierno provincial a los propietarios de esas tierras para ampliar la frontera agropecuaria.

Entre los desmontes que denuncia el trabajo anota las 400.000 hectáreas deforestadas desde 2007, año en que se sancionó la Ley Nacional 26.331, de las cuales más de 125.000 correspondían a zonas protegidas. La segunda parte del informe, publicado originalmente en 2014, agrega que durante la discusión de la ley, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de 400.000 has. y quintuplicó la cantidad de permisos otorgados durante el año anterior, y que no fueron suspendidos una vez aprobada la normativa.

Según otro informe sobre deforestación del Chaco Americano, realizado por la Asociación Guyra Paraguay, que toma como referencia las imágenes satelitales de esa región, entre enero de 2015 y enero de 2016 se desmontaron 36.726,7 hectáreas del chaco salteño -un promedio de 95 hectáreas por día en 13 meses- de las cuales 17.594 pertenecen solamente al departamento de Anta. El estudio no distingue entre desmontes legales e ilegales y da cuenta del impacto ambiental de la deforestación en una región que es hábitat de una biodiversidad única en el mundo.

Hacé click en el mapa interactivo para conocer la cantidad de hectáreas desmontadas entre enero de 2015 y enero de 2016 en el Chaco Salteño.

Lo que dice la ley

En julio de 2009, un decreto del Poder Ejecutivo provincial reglamentó la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Salta con un mapa de zonificación que repartió el territorio salteño en tres categorías:

1.294.788 hectáreas en la Categoría I - Rojo: zonas protegidas donde no se permite desmonte ni aprovechamiento.

5.393.018 hectáreas en la Categoría II - Amarillo: zonas de aprovechamiento sustentable donde no se permiten desmontes.

1.592.366 hectáreas en la Categoría III - Verde: zonas donde se permite el desmonte parcial, previa aprobación de un estudio de impacto ambiental y audiencia pública.

Sin embargo, desde entonces el gobierno de Juan Manuel Urtubey realizó recategorizaciones prediales por solicitudes de los titulares de las tierras y que modificaron la zona de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que pasaron de zonas rojas a zonas amarillas o verdes. "Disminuir las categorías de conservación de los mismos, y por ende de la superficie boscosa, viola la normativa nacional y sus principales objetivos", agrega el estudio.

Bosques en peligro

Desde 2010, la provincia de Salta estableció la posibilidad para recategorizar zonas, lo cual va en contra de las normativas nacionales. En otras palabras, sin llegar a ser desmontes ilegales -porque están autorizados por el gobierno provincial- contradice, según los estudios de Greenpeace, lo que indica la ley nacional.

Según el informe de esa ONG, algunas de las familias y empresas que pidieron el cambio de categoría fueron identificadas y los datos de los bosques en peligro se hicieron públicos.

El Carmen. En el departamento San Martín, propiedad de la familia de Aldo Adriano Navilli, integrante de la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas S.A., además de las marcas Vitamina y Uma de indumentaria femenina. La finca comprende 7407 hectáreas, de las que el 90% son bosques nativos. Fue clasificada como Zona Amarilla, pero consiguieron el cambio a Zona Verde para 3327 hectáreas con un permiso del gobierno provincial.

Chuchuy. También en el departamento San Martín, con 10.000 hectáreas de bosques nativos, propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña y Pablo Clusellas. Fue clasificada en la Categoría I de Zona Roja, y otra sección en Zona Amarilla. Sin embargo logró el cambio de 5316 hectáreas a la Categoría III para dedicarlas a agricultura. Las comunidades aborígenes Chuchuy, San José, Corralito y Chaguaral quedaron de esta manera rodeadas de fincas y sin acceso al monte. Sus representantes denunciaron presiones para abandonar la zona en 2012.

El Yuto. En San Martín, 20.000 hectáreas propiedad de la familia d eFranco Macri. Fue clasificada como Categoría II pero en 2011 solicitó el cambio a la Zona Verde para poder desmontar 8163 hectáreas. Siete comunidades originarias serán afectadas por esta desforestación.

La Maravilla. En San Martín, cerca del límite con Bolivia. Son 6191 hectáreas de Alejandro Roggio, categorizadas como Zona Amarilla. A pedido del dueño, se permitió el desmonte de 1423 hectáreas.

Agrobari. Son 30.000 hectáreas de bosque nativo en Categoría I Zona Roja en Anta, propiedad del empresario portugués Joao Pereira Coutinho. Aunque esa tierra, ubicada en el Bañado del Quirquincho, forma parte de un ára de prioridad para la conservación del Gran Chaco, Coutinho consiguió la recategorización a Zona Verde de 7259 hectáreas para poder desmontarlas.

La Peregrina. Son 14.516 hectáreas en Rivadavia, propiedad de Bruno Mauricio Varela Marín, clasificada como Zona Amarilla.El gobierno provincial autorizó la recategorización a Zona Verde de 7054 hectáreas para el desmonte y explotación de actividad ganadera.

Nuevo Horizonte. En San Martín, cerca de Tartagal, con una superficie de 23.000 hectáreas consideradas Zona Amarilla. Sus dueños, Andrés von Buch, Mauro Vanoli, Sandro Vanoli y Arnaldo Hasenclever, solicitaron y obtuvieron la recategorización de 9103 hectáreas para desmontes.

Suspensión de recategorizaciones 

En comunicación con LA GACETA, la secretaria de Medio Ambiente de la provincia, Irene Soler, dijo que los datos de este informe no los “podría chequear”.

“Desde enero de 2015 no tenemos esa información; la actualización del ordenamiento territorial es hasta el 2014”, argumentó. Igualmente “no quiere decir que no vayamos hacer algo y que estamos trabajando”, agregó.

La funcionaria aseguró que a partir de 2014, con un decreto que firmó el gobernador Juan Manuel Urtubey, se suspendieron las recategorizaciones de las zonas. No obstante, consideró que sí hubo desmontes –tal como detalla el informe de Greenpeace-, y en su mayoría fueron en el Chaco salteño, “gran parte de esta zona es amarilla –advirtió-, entonces pudo haber sido desmonte ilegal”.

Soler informó que ante estas situaciones “se pensó en un proyecto de reforma de la ley, y en primer lugar elevar las multas”.

Explicó que en la actualidad quien desmonta ilegalmente debe pagar, en su equivalente, desde 100 mil hasta 200.000 litros de nafta, lo que se puede multiplicar por 10 en caso de reincidencia, lo que significa que el máximo de la multa llega a 38 millones de pesos.

“Pensamos llevar las multas hasta 10 mil sueldos básicos de un empleado público, que son hoy alrededor de 100 millones de pesos, lo que se podría triplicar en caso de reincidencia. Y no solamente endurecer las multas al titular, sino que también pensamos en ampliar la legitimación pasiva, para que sea multada la empresa desmontadora; de esa forma desalentar el desmonte”, comentó la funcionaria.

Control a destiempo

Además contó que la secretaría tiene otro problema que resolver: el control satelital de Salta, que tiene una extensa superficie protegida, una de las más grandes del país en bosques nativos.

“El control en territorio es complicado, se necesita mucha gente, a pesar de que trabajamos con la policía rural. La mejor forma es el control satelital, pero el satélite pasa cada 30 días, y en ese tiempo se pueden desmontar grandes extensiones. Entonces con esos métodos de control estamos trabajando sobre hechos ya consumados”, explicó Soler, para quien la mejor manera de controlar es previniendo.

Al respecto, la funcionaria adelantó que se busca, junto con el gobierno nacional, desarrollar un proyecto de alerta temprana, en el que se pretende alentar a las comunidades criollas e indígenas a realizar un uso sustentable del bosque con financiación del Banco Mundial. La idea es “empezar en Salta pero no tengo fecha aún de cuándo empezamos con este sistema”, puntualizó.