Pidieron juicio por asociación ilícita en Tierra y Hábitat
Días después de ampliar las imputaciones, la fiscal cerró la investigación y solicitó que la causa se eleve a juicio.
Tres meses pasaron desde que se conocieron las primeras denuncias de los perjudicados por las irregulares entregas de terrenos por parte de Tierra y Hábitat en el predio contiguo al barrio Parque la Vega. Luego de la investigación realizada, la fiscalía requirió que la causa se eleve a juicio contra los seis imputados de conformar una asociación ilícita que hacía negocios ilegales con la adjudicación de tierras.
El martes, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, encabezada por Mónica Poma, formalizó el pedido de juicio y embargo contra los ex subsecretarios de Tierra y Hábitat, Diego Nicolás Barreto y Víctor Rodrigo Diez Tizón, así como también contra Roberto Nellenssen, empleado de ese organismo, y los dirigentes barriales, Esteban del Corazón de Jesús Clemente, Nelson Horacio Salazar y Marcela Cinthia Martínez. Los delitos que se le imputan son los de asociación ilícita y exacciones ilegales simples y agravadas.
El sitio web de información de las fiscalías penales de Salta revela que de las pruebas reunidas se desprende que los acusados conformaron una organización delictiva, la cual estaba dirigida a la “concreción de hechos ilícitos en perjuicio de la administración pública, bajo la dirección de uno de ellos”.
La hipótesis fiscal indica que “la jefatura de esa Asociación Ilícita” era ejercida por el imputado Barreto, lo cual era manifiestamente evidenciado por los “punteros políticos”, quien al hacer los contactos con los damnificados, afirmaban “la participación directa de Barreto”, por entonces Subsecretario de Tierra y Hábitat, en la maniobra.
Lo que configura el proceder como una asociación ilícita, según la acusación, es que se trataba de una operatoria reiterada y coordinada por parte de los imputados destinada a la obtención de rédito económico y apoyo político a cambio de la promesa de adjudicación de un inmueble social por parte de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia.
“De extrema gravedad”
La fiscal Poma calificó los hechos como “de extrema gravedad” ya que los delitos fueron cometidos en el ámbito de la función pública, porque involucra a funcionario de alto rango en la institución y grafica claramente la institucionalización de la corrupción.
A raíz de esto adujo que el tema merece un tratamiento de máximo rigor, a fin de asegurar el combate contra la corrupción estatal, tal como lo prevé la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
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