La lengua sigue siendo el principal obstáculo para el acceso a los derechos de los aborígenes salteños

Hablar o no el castellano es la diferencia que integra o excluye a los miles de salteños que pertenecen a las comunidades indígenas de la provincia.

20 Jun 2016
2

Foto de argentina.indymedia.org

Alto de la Sierra está en el noreste extremo de Salta, en un rincón del departamento Rivadavia, más cercano a Formosa, a Bolivia y a Paraguay que a la capital de la provincia. Sus habitantes son wichi en su mayoría, desplazados por los desmontes a regiones dominadas por criollos y blancos, dueños de las tierras en las que sus ancestros fundaron y sostuvieron una cultura hoy amenazada.

De ese lugar es la niña wichi de 12 años, violada y embarazada en noviembre pasado por al menos siete hombres, hijos de criollos de la zona, y que el pasado 3 de junio fuera sometida tardíamente a un aborto en el Hospital de Niños. Juana, como se la comenzó a nombrar en los medios para proteger su identidad, se convirtió desde entonces en emblema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Gratuito y Seguro y #JusticiaPorJuana fue tendencia el viernes pasado en las redes sociales. Su historia, una de miles de historias de injusticias y abusos hacia ciudadanos de pueblos originarios argentinos, puso también en evidencia las desigualdades en el acceso a los derechos para los salteños cuya primera lengua no es el castellano. “Tenemos que pensar que el acceso a la justicia de los pueblos originarios todavía tiene una brecha de implementación muy grande”, dice Catalina Buliubasich, antropóloga e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) de UNSa y Conicet.

“La garantía de los derechos está directamente vinculada con esta brecha entre un marco normativo de derechos de los pueblos indígenas y su implementación. Es urgente achicar esta brecha”, agrega y explica que en la provincia hay casi 40 mil personas que hablan wichi, una lengua que tiene 22 variedades dialectales y para la cual hay muy pocos intérpretes bilingües capaces de asistir quienes no hablan español.

Florentino Pérez, de 46 años, es uno de los pocos auxiliares bilingües en el norte provincial. Nacido y criado en Lapacho Mocho, trabaja como asistente en la escuela Kilómetro 17 en una escuela primaria cerca de Tartagal, donde los chicos llegan sin hablar ni una palabra en castellano para tomar clases con maestras que no hablan ni una palabra en wichi. “La situación es lamentable para las comunidades porque en los juzgados, la policía o cualquier institución se les hace declarar a los hermanos sin que el imputado o sospechoso, por ejemplo, tenga un intérprete… Es bravísimo”, dice Florentino y agrega que muchas veces los indígenas declaran en su propia contra y no entienden lo que están diciendo o lo que les están preguntando. “Es muy grave porque la policía los hace declarar sin testigos o les dicen que si no declaran van a quedar presos”, agrega y apunta que “en muchas oficinas y despachos públicos, a los no los atienden si no van con el cacique de su comunidad”.


Justicia que no entiende

El caso de Juana también atravesó las consecuencias de la brecha idiomática. “Los padres denuncian la violación, pero nunca más nadie se acercó. No tuvo ni tiene abogados, no accedió a la pastilla del día después, no la informaron sobre su derecho al aborto no punible, no le hicieron una cámara Gessel porque no había ningún traductor de wichi en toda la provincia”, dijo Mónica Menini, abogada y miembro del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, en una entrevista con Infobae.

“La variedad de lenguas es una riqueza para la provincia de Salta y en ningún momento puede ni debe ser considerada como un obstáculo para el progreso o un problema. Cuando escuchamos a los funcionarios decir que la lengua wichi es un problema tendríamos que hacer un replanteo muy grande de nuestros esquemas de pensamiento para entender la riqueza, la cosmovisión y el pensamiento original de un grupo humano”, dice Buliubasich.

Carga negativa

La inversión de la culpa como principio para explicar las postergaciones a las que son sometidos los pueblos originarios es, según la antropóloga, el principio del problema. “Estamos en un sistema totalmente expulsor de los pueblos indígenas, que terminan siendo culpables de la situación en la que están”, dice y agrega que la herramienta para comenzar a pensar soluciones tiene que ver con la consulta. “Un plan de salud, de nutrición, de escolarización desde la política estatal tiene que entender la política de los pueblos indígenas. Hay que escuchar lo que tienen para decirnos”, subraya.

De la tierra

Entre los principales factores que afectan y amenazan las culturas originarias está el acceso a la tierra y el territorio. Los departamentos San Martín y Rivadavia, donde se ubican gran parte de las comunidades wichi, sufrieron el proceso de expansión de la frontera agropecuaria y esto hizo que las tierras ocupadas ancestralmente por grupos indígenas tuvieran presión para la venta y el desmonte. La pérdida del bosque es la base de la marginación. Los indígenas migraron hacia las ciudades y se radicaron en centros periurbanos, zonas de asentamiento con nuevas configuraciones culturales en las que no terminan de integrarse.

“Si un grupo se ve despojado del monte su alimentación se deteriora y el problema se vuelve más complejo”, agrega.

Desnutrición, analfabetización, postergación y abandono son la fase siguiente y el cuadro se vuelve más complejo cuando se atribuye el problema a una “cuestión de diferencias culturales”. “Hay que tender muchos puentes porque hay cuestiones que van a surgir como soluciones van a surgir desde los propios pueblos indígenas”, señala la antropóloga.

Nación en peligro

¿Por qué los indígenas son los más pobres? La respuesta señala a la conquista y al sostenimiento de la opresión y el despojo ancestral. “Este concepto de que el indígena no trabaja o no hace nada para salir de su situación, esta serie de visiones estereotipadas con respecto a los pueblos están en la base de los procesos históricos de colonización de América. Hay una tarea grande en la forma de pensar, de relacionarnos y de hacer una verdadera participación y consulta de los pueblos indígenas. Hay una sensibilidad que tiene que desarrollar nuestra sociedad. Hasta que eso sucede van a seguir siendo los más pobres”.

Rubén Ramírez, antropólogo mejicano del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo a Le Monde Diplomatique que “el estado valora los símbolos de una cultura muerta, pero no los de los indios contemporáneos, marginados en una nación donde el 80% de sus habitantes son mestizos”, en referencia a la realidad de México en relación a los derechos de sus indígenas. La reflexión podría aplicarse también a Salta, con una configuración étnica y cultural que, por falta de intérpretes calificados, posterga de manera sistemática a los que no hablan la lengua del Estado.

“Si las condiciones de vida y la posibilidad de reproducción biológica de un grupo humano se pierde, también se pierden lenguas, culturas, y esto se profundiza con la pérdida de tierras. Estamos en una situación muy grave, ante una pérdida que no tiene vuelta atrás”; concluye Buliubasich.

“Los pueblos indígenas tienen un conocimiento, una adaptación a los medios como el bosque chaqueño, que es ancestral, han adaptado toda su vida a la vida del monte, al cual conocen con un conocimiento fino, una vinculación muy particular con la naturaleza, y esa relación en muchos de los pueblos se ha quebrado por el despojo del monte, los desmontes, el arrinconamiento ante la propiedad de la tierra y todo lo que hay que hacer es urgente, pero se puede hacer mucho. La principal esperanza es que están vivos, reproduciendo y reconfigurando sus elementos culturales y tienen mucho para decirnos a nosotros. Tenemos más para aprender de ellos que ellos de nosotros, pero tenemos que ser muy claros en las políticas”.


En Esta Nota

Salta Salta Capital
Comentarios