La provincia presentará la adhesión al blanqueo de capitales para buscar nuevas inversiones

A más de un mes y medio del inicio del tan prometido segundo semestre y ante la ausencia de “lluvia de dólares” que pregonó el gobierno nacional, la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey sigue en búsqueda de fondos para incentivar la actividad productiva en la provincia. 

Primero fue la colocación de un bono de deuda por 300 millones de dólares que serán destinados para obra pública y ahora, los equipos técnicos del Grand Bourg preparan la adhesión provincial a la Ley del Blanqueo de Capitales (27.260), con un proyecto impulsado por el ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, a cargo de Javier Montero.

La norma nacional, titulada formalmente “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” fue sancionada por el Senado a fines de junio de este año y promulgada en julio pasado por el gobierno de Mauricio Macri, y prevé en su artículo 49 que las provincias puedan adherirse, “adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”.

En este marco, el ejecutivo provincial buscará promover el ingreso de fondos a cambio de compensaciones impositivas que, según el propio Montero, esperan que provoque un “derrame masivo en toda la actividad económica de la provincia”.

El ministro dialogó con LA GACETA para explicar los detalles del proyecto que la semana que viene deberá exponer ante los diputados en la Legislatura. El documento ya tiene estado parlamentario y según algunos legisladores entraría al recinto en la próxima sesión.

- ¿Cuáles son los principales detalles del proyecto de blanqueo y por qué la provincia buscará dichos fondos?

Hemos partido de la base de una decisión nacional que ha sido ratificado a través de una ley, conocida como “Blanqueo de Capitales”. Eso ha generado una expectativa no sólo en el gobierno nacional sino en las provincias por la posibilidad de la llegada de fondos que, más allá de entrar en detalles que uno pueda ser crítico de lo que es una ley de blanqueo, me parece que lo que se está buscando principalmente es un incentivo a la inversión a través de la llegada de estos capitales. Dentro de todo ese manto de beneficios que otorga esta ley nacional, nuestro Gobernador ha decidido no solo adherir – que es una invitación que está prevista en la ley nacional – sino que vamos a adherir en el mismo sentido, es decir, que vamos a buscar que parte de esos fondos vengan para Salta.

Entendemos que los legisladores nos van a acompañar en ese mismo sentido que es seguir la suerte de la ley nacional. Es decir para aquellos sectores, empresas o personas físicas que decidan blanquear fondos y asumir un costo impositivo nacional, nosotros entendemos que también en Salta va a corresponder que tengan que asumir un costo, mucho más chico, pero que también suceda eso. Una parte del blanqueo está vinculada con la llegada de capitales, de fondos comunes de inversión, donde la misma ley nacional establece una serie de destinos, invertir en energías renovables, en economías regionales o en provincias donde lo que se busca es incentivar los procesos productivos. Ahí aparecemos nosotros, ahí nos queremos plantar como provincia para decir “también estamos aquí para incentivar esa llegada de capitales”.

La idea de la ley es que no tenga un costo impositivo en Salta y también un incentivo para que esos fondos comunes de inversión, a través de la ley nacional, puedan ver a Salta no solo como un destino turístico sino como una provincia que no deja de ser, comparada con otras del centro del país, un poco más chica, pero creo que en el NOA se destaca y bueno en definitiva esto lo que va a buscar es la llegada de inversiones al NOA.

Es por eso que nosotros entendimos que había que acompañar, que había que estar a la altura de las circunstancias, que no deja de ser una expectativa por la llegada de fondos, pero bueno, si esa llegada se materializa me parece que está interesante como provincia poder estar preparados para recibir.

- ¿Cuáles serán los costos previstos para aquellos salteños que decidan blanquear capitales?

En promedio se habla que en costo nacional del blanqueo es del 10%. Arranca de una alícuota 0 y termina en una alícuota del 15%, según los diferentes casos y bienes, pero en términos generales se habla que es un 10% del dinero que se blanquee en Argentina. Nosotros hemos planteado que sobre el costo nacional, si hablamos de un 10%, que en Salta tenga un costo del 1%. Pero en aquellos casos en los que sea un contribuyente salteño, que nosotros tengamos claramente que esos fondos fueron generados en Salta, ahí le aplicaríamos todos los beneficios.

En el mismo sentido que la ley nacional, serían beneficios que van para atrás, es decir, para atrás “no te hago nada y para adelante te cobro solo un costo” y a partir de allí buscaremos que esos fondos se vuelquen a la actividad productiva.

En los casos que los fondos tengan un destino productivo, nuestro ministerio será el encargado de la administración de las inversiones. Cuando tengamos conocimientos de que una empresa ha blanqueado fondos y que la AFIP le ha aceptado lo que hizo, si logramos que esos fondos se vengan acá, ahí es donde queremos que se elimine cualquier costo impositivo.

- ¿Qué tipo de inversiones se podrán realizar?

La ley nacional habla de inversiones productivas, inversiones inmobiliarias, luego ejemplifica un poco con las energías no renovables y economías regionales. Nos parece que cualquier inversión que uno pueda promover e incentivar que pueda llegar a Salta, es importante.

Cualquier inversión genera movimiento y derrame económico, y en una provincia como la nuestra donde el interior es grande lo más importante es la generación de mano de obra. Esa mano de obra es consumidora por naturaleza. Entonces me parece que en términos generales no sería bueno discriminar o diferenciar una inversión de otra.

Tienen que ser inversiones legítimas, legales. La AFIP va a controlar que el origen de los fondos. Está previsto que los fondos sean de operaciones no declaradas pero no de operaciones ilícitas. Nosotros vamos a aparecer en una segunda instancia luego de la AFIP. Ahí lo que vamos a buscar es que esos fondos se vuelquen a Salta.

Luego veremos con el tiempo si ese blanqueo ha funcionado o no, pero en el medio me parece que como provincia tenemos que estar preparados y tenemos que ser claros receptores de esas inversiones. Eso es lo que busca básicamente esta ley. No son beneficios impositivos ni se trata de darles más ventajas a una persona incumplidora por sobre una persona que cumplió. Es simplemente seguir la suerte de un gobierno nacional que, con el apoyo del Congreso, ha conseguido tener una ley promulgada.

- ¿Tienen alguna estimación de los fondos que podrían llegar a venir con este blanqueo a la provincia?

Estimar en la provincia es difícil. La expectativa que tiene la Nación no deja de ser estimada. Cuando se comenzó a hablar del blanqueo entre enero y febrero se hablaba de la posibilidad de la llegada de 30 mil millones de dólares, luego se habló de 40 mil millones. Hay algunos ministros del gobierno nacional que manifestaron la expectativa de la llegada de 60 mil millones.

Si nosotros supiéramos quiénes son cada uno de los que tienen fondos ocultos, la AFIP o la provincia podríamos haber ido a buscarlo previamente. Por eso es muy difícil estimar. Si realmente ingresan 20 mil o 40 mil millones de dólares al mercado, nuestra función es lograr que la mayor cantidad venga para aquí.

Seguramente hay otras provincias que también tienen destinos importantes para invertir. Al final de cuenta estos beneficios no son para ningún funcionario. Nuestra función es generar trabajo en Salta y esa inversión provoca derrame en toda la actividad. Me parece que eso es a lo que uno tiene que tender.