Aseguran que una de las víctimas no estaba en condiciones de ser operada
Así lo sostuvo el abogado de la familia de Lidia Sassarini, cuyo fallecimiento es uno de los que se le imputa a Adrián Cornejo Costas.
Desde el inicio de esta semana se está llevando a cabo un juicio contra el doctor Adrián Carlos Cornejo Costas por dos homicidios culposos por mala praxis, cuyas víctimas fueron María Lidia Sassarini y Teresa de Fátima Ditomaso.
El abogado que representa a la familia de Sassarini, Juan Medrano, le explicó a LA GACETA que la imputación se basa en que el acusado sometió a una riesgosa intervención quirúrgica a sus pacientes contrariando a lo que le había advertido el propio IPSS (Instituto Provincial de la Salud de Salta), quien había advertido al cirujano que ambas mujeres no estaban en condiciones de soportar la operación.
El 19 de Marzo de 2011, María Lidia Sassarini fue sometida a una cirugía bariátrica (conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para tratar la obesidad), que estuvo a cargo de Cornejo Costas en el Sanatorio Parque. Pocos días después debió ser internada nuevamente hasta que el 24 de Julio del mismo año, tras haber transitado un camino de más de cuatro meses de agonía, la paciente Sassarini falleció.
La tragedia tomó por sorpresa a la familia, a tal punto que no solicitaron que se realice la autopsia sobre el cuerpo de la víctima, lo que, según Medrano, impidió que haya informes oficiales que certifiquen la causa de la muerte.
El tribunal compuesto por los jueces José Luis Riera, Mónica Mukdsi y María Edith Rodríguez ordenó la comparecencia de un perito médico del CIF que evaluó el procedimiento médico realizado y en la etapa preliminar de investigación afirmó que Cornejo Costas incumplió con normas legales que debió observar antes de realizar la operación.
Inicialmente, el CIF se negó a proveer el domicilio del perito por encontrarse este ya jubilado, lo que motivó el enojo de los familiares de Sassarini y de su abogado, hasta que los jueces se pusieron firmes con su citación.
La causa se lleva adelante por medio del proceso sumario anterior a la reforma del Código Procesal penal de Salta, por lo que contó con una etapa previa de instrucción que fue cuestionada por Medrano, considerándola deficiente.
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