Para la Justicia, los detenidos operaban para que una familia venda drogas

La situación de los ocho policías detenidos ayer en un operativo antidroga, que la Policía Federal realizó en la zona oeste de la ciudad de Salta, parece complicarse. La fiscal penal que lleva adelante la causa, Gabriela Buabse, formalizó la imputación penal contra los efectivos. Para la Justicia, los acusados habían conformado “una asociación ilícita que tenía como objetivo brindar protección a una familia de narcos de barrio Alta Tensión, como así también sacar del negocio a sus competidores a fin de acaparar el mercado de venta de  estupefacientes”, informó el portal de Fiscales Penales.

La fiscalía informó que las imputaciones que se realizaron contra el subcomisario, Ricardo Enrique López; el oficial auxiliar, Daniel Vizgarra; el sargento ayudante, Rafael Siares; el agente, Sergio López; la sargento ayudante, Nancy Bruna; el cabo, Pedro Gustavo Carrizo, Carlos Alfredo Erazo  y el cabo, Javier Ramón Costilla.

A ellos se los acusa de cometer los delitos de “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización Doblemente Agravado por la Participación de tres o más personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos”, “violación de secretos”, “omisión de los deberes del oficio”, “tenencia simple de estupefaciente” e “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

Al igual que los ochos efectivos que se desempeñaban en la división de Drogas Peligrosas, Sandra Elizabeth Serrudo y su hijo, Alfredo Thiz también fueron imputados pero por los delitos de “asociación ilícita” y “confabulación”, cuyas penas, según lo establecido en el Código Penal y en la Ley 23.737, de drogas, ascienden a los 16 años de prisión.