"Buscan adueñarse de las maderas para comercializarlas ilegalmente”

Huberto Bourlon, el finquero de Embarcación que denuncia usurpaciones violentas en su campo, fue recibido por ministros de la provincia quienes se comprometieron a destrabar el conflicto.

07 Nov 2016
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FINCA DE HUBERTO BOURLON INCENDIÁNDOSE. FOTO TOMADA DE SU TWITTER

Su caso tomó trascendencia nacional luego de que decidiera utilizar las redes sociales para denunciar los casos de violencia que sufrieron por parte de comunidades originarias de Embarcación. Hoy, Huberto Bourlon estuvo en Salta y fue recibido por un grupo de ministros en búsqueda de apoyo político para destrabar el conflicto que ya lleva más de diez días.

“La reunión la evalúo muy positiva. Hay un compromiso para destrabar en el problema. Igual los ministros, más de lo que hacen, calculo que no pueden hacer porque el problema está en la justicia”, señaló el productor rural en diálogo con LA GACETA, quien denuncia que los accesos a su finca están bloqueados y que ya recibió amenazas por parte de los usurpadores.



Su finca, registrada a nombre de la empresa “Almanzor S.A.”, produce maderas y ganado desde principios de los setenta. Según Huberto, o “El Guiso Agricultor”, como es su nombre en Twitter, la familia se siente insegura y está a la espera de una audiencia de mediación.

“Ellos dicen que son los dueños de la tierras y nos dicen que no podemos estar ahí”, concluyó Bourlon.

El ministro de Producción y Ambiente Sustentable, Javier Montero, fue uno de los partícipes del encuentro y en diálogo con LA GACETA señaló que la reunión fue positiva: “fue una mesa muy amplia donde cada uno de los productores ha podido contar las problemáticas y el gobierno pudo contar lo que se está haciendo a través de los cuatro ministerios (Seguridad, Asuntos Indígenas, Producción y Justicia)”, detalló el funcionario.

Según Montero, la reunión ya estaba prevista desde la semana pasada, ya que el ministerio de Asuntos Indígenas venía siguiendo el conflicto y destacó la labor de dicha cartera para intentar buscar acuerdos. "Hay que clarificar los derechos que tiene cada una de las partes cuando existe un conflicto entre una comunidad de criollos y los titulares de los campos”, señaló.

Además ponderó la participación del ministerio de Justicia en la derivación de las denuncias para que “lleguen en términos jurídicos al lugar donde tienen que llegar”.

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