Bavio: “no debemos tener metas inalcanzables como la eliminación del narcotráfico”

Entre promesas políticas de poner al Estado al servicio de la lucha contra el narcotráfico, de la siempre influyente voz del Papa Francisco diciendo que Argentina se convirtió en un país de consumo y producción de drogas, entre la permeabilidad de la frontera norte del país y el poder del dinero narco que todo atraviesa están los jueces federales. En especial, al menos en los últimos meses, está Julio Leonardo Bavio quien mientras espera que su subrogancia se convierta en cargo definitivo, interviene en las causas más trascendentes como la que tiene imputado a su ex colega, Raúl Reynoso.

Bavio fue el juez instructor en la causa que desató el escándalo en la Justicia Federal del norte del país, donde Reynoso, otrora paladín del combate contra el narcotráfico que pasó diez años al frente del Juzgado de Orán, está detenido y procesado por ser el presunto líder de una asociación ilícita que beneficiaba a narcotraficantes a cambio de bienes.

Luego de haber elevado la causa a juicio y mientras sigue adelante en nuevas causas similares contra Reynoso y en muchas otras vinculadas al narcotráfico, Bavio habló de todo con LA GACETA. Autor de un libro surgido de su experiencia (fue designado juez Federal n°1 subrogante en 2009), explica por qué está a favor de una ley de derribo, cómo hay que enfrentar el creciente avance de las poderosas y organizadas bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes y su apoyo al endurecimiento de las políticas migratorias.

¿Cómo es luchar contra el narcotráfico en una jurisdicción en donde hay miembros de la justicia, de las fuerzas federales y de Gendarmería implicados en causas?

Aunque la problemática que menciona no es privativa de esta jurisdicción, dado que la utilización de miembros de la fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado tiene ribetes internacionales y nacionales, pues basta recordar la imputación que pesa sobre el jefe policial de la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe de brindar información a un banda dedicada al narcotráfico, como así también la acusación a un jefe de Drogas Peligrosas de la policía de Córdoba de tener vinculaciones con el tráfico de estupefacientes, lo cierto es que en los últimos años en nuestra región noroeste hemos advertido una situación inédita dado que estuvieron involucrados oficiales en actividad o retirados de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, en los casos más trascendentes de tráfico de estupefacientes.

La magnitud del grado de infiltración de las organizaciones narcocriminales observa con claridad si tenemos en cuenta que en cinco casos –tres de ellos con sentencia condenatoria firme- acaecidos entre 2009 y 2014, el total del alcaloide secuestrado cuyo traslado fue protagonizado por miembros de las fuerzas de seguridad, ascendió a dos toneladas y media de cocaína.

Este panorama es gravísimo por el impacto institucional y es descreimiento social que provoca que los funcionarios a quienes el Estado les ha confiado el importante cometido de encargarse de la persecución de los previstos en la ley de drogas y que deberían ser garantes de la legalidad para la protección de los ciudadanos contra la delincuencia organizada, se alistes en sus filas para aprovechar la capacitación y el conocimiento adquiridos, con fines ilícitos.

Esto no debe llevarnos a poner un manto de duda sobre las instituciones en general ni la honorabilidad de miles de integrantes honestos de las fuerzas de seguridad. Es más, en la mayoría de los casos desbaratados son los propios miembros de dichas fuerzas -muchas veces subalternos- quienes los aprehenden. 

Es necesario entonces emprender mecanismos de prevención de esas conductas desviadas y en esa tarea es crucial que se conculquen de los valores éticos en las academias donde se forman los futuros oficiales. Es que asistimos a una verdadera emergencia que degrada y atraviesa a las instituciones en su conjunto y que trasciende a la actuación preventiva de “asuntos internos” de las  fuerzas de seguridad.

Es innegable que también los integrantes del Poder Judicial y la clase política pueden ser funcionales al narcotráfico, lo que despierta preocupación de la sociedad en su conjunto y demanda políticas públicas se ocupen de la problemática de manera integral.   

Como autor de un libro sobre el tema ¿qué medida hacen falta para un combate real contra el narcotráfico, considerando temas como los radares, los vuelos que lanzan drogas desde el aire, una eventual ley de derribo, la poca cantidad de juzgados federales, de personal, equipamiento para Gendarmería una frontera extensa o la cantidad de cárceles federales, etc?

Para que el tráfico ilícito de estupefacientes se enfrente sobre bases realistas debe partirse de un diagnóstico claro que permita adoptar una política de Estado tendiente a planificar una estrategia apropiada para lograr un control más efectivo. En ese sentido, debe tenerse presente que ese delito configura un crimen de carecer internacional que trasciende los límites de los Estados. Y, en el caso de nuestra frontera norte, como limitamos con países productores de estupefacientes que abastecen a distintos mercados del mundo, nos encontramos estratégicamente enclavados en una zona sensible y de ingreso permanente de narcóticos.

En cambio, aún cuando integremos la comunidad internacional, es posible que abiertamente nos diferenciemos, estableciendo condiciones absolutamente adversas al tráfico ilegal de droga al intensificar los controles fronterizos con recursos humanos, medios técnicos y legales apropiados.

El libro de mi autoría estuvo motivado en la necesidad de poner de relieve la histórica orfandad para hacer frente a los vuelos clandestinos en nuestra región noroeste, pues se carecía de radares y una ley de control del tráfico aéreo de estupefaciente. Esas deficiencias que fueron visibilizadas en caso “Lluvia de drogas” (2009), en el cual se detectó de manera fortuita por primera vez la modalidad de comisión del delito que consistía en arrojar la droga en pleno vuelo a sus receptores terrestres. Como avances pueden mencionarse que este año se realizaron dos procedimientos importantes como los operativos denominados “Febrero Blanco” y “Ensamble” en los que se utilizaron aeronaves en el traslado de más de una tonelada del tóxico y que no fueron desbaratados por circunstancias fortuitas, sino por tareas de inteligencia desarrolladas por Gendarmería Nacional.

Sin embargo, de manera alguna la tarea está cumplida en esta temática. Es  necesaria la radarización de la totalidad de nuestra frontera con sensores 3D, con el complemento una ley de control del tráfico aéreo especialmente destinada a prevenir el narcotráfico cometido mediante vuelos clandestinos.

Esa necesidad fue señalada por los propios miembros de las fuerzas de seguridad, ya que estimaron que había un “vació legal” que les impedía lograr procedimientos exitosos. Pues era evidente que si en última instancia los aviones destinados a interceptar no podían hacer uso de la fuerza, de poca utilidad era detectar vuelos furtivos. Lo que se agrava si se tiene en cuenta que las organizaciones criminales habían advertido que la manera menos riesgosa para transportar estupefacientes era arrojarlos desde el aire, para luego retornar a su país de origen. Es que no puede perderse de vista que, en materia de tráfico de estupefacientes, el medio aéreo ha sido siempre empleado para traficar grandes volúmenes.

Quienes están en contra de la ley de derribo sostienen que implica una pena de muerte ¿Lo ve de esa manera?

Lo descripto anteriormente justifica que se apliquen medidas drásticas y proporcionales a la magnitud del daño que se pretende evitar. La experiencia de la República Federativa de Brasil, que cuenta con esa ley desde el año 1.998 (la que fue reglamentada en 2004), fue altamente positiva por el efecto disuasivo que provocó, sin que tuviesen que lamentar pérdida vidas humanas. En nuestro país, en cambio, es nula la posibilidad de reprimir los supuestos en que las cargas con el material tóxico son arrojadas en pleno vuelo a los receptores terrestres, habida cuenta que la orden de aterrizaje prevista en la legislación aeronáutica vigente carece de la fuerza coercitiva necesaria para que sea cumplida.

Ello nos obliga a dirigir un mensaje preventivo eficaz que suscite un efecto intimidatorio categórico. La histórica pasividad importó en los hechos abandonar la persecución en estos casos que vulneran grandemente la soberanía de nuestro espacio aéreo.

En este sentido, el Decreto 228/2016 “De emergencia en Seguridad” sin duda importa un adelanto en pos de la protección aeroespacial en defensa de los intereses vitales de la nación, dado que se hicieron públicos decretos que eran secretos que autorizaban del derribo. Pero se tratan de supuestos de defensa nacional en los que una aeronave puede ser declarada hostil y en última instancia destruida para impedir que prosiga su vuelo. Es decir, dichas reglas no configuran normas específicas de los vuelos clandestinos del  narcotráfico y por estar contempladas en una disposición de emergencia, tienen una duración limitada.

En nuestro país se impone un debate profundo y serio sobre una ley de control del tráfico aéreo de estupefacientes de manera integral, pues hasta ahora la cuestión ha sido analizada de manera superficial, desde un prisma exclusivamente teórico y con prejuicios paralizantes. 

Esto ocurrió en los operativos “Febrero Blanco” y “Ensamble” pero con relación a los pilotos nada se puede hacer y retornan libremente a su país de origen luego de violar nuestra soberanía aérea.

En esas hipótesis no parece desproporcionado que nuestro sistema contemple una  disposición que establezca la posibilidad de destrucción de la aeronave como última alternativa  para obligarla a aterrizar, luego de haberse cumplido un protocolo escalonado  y  que se haya constatado además la presencia de  indicios vehementes de narcotráfico; una inequívoca conducta de fuga y que no exista posibilidad de emplear una medida menos grave.

¿Qué tanto ha penetrado el narcotráfico en el norte argentino? ¿Existen los cárteles argentinos, bolivianos, colombianos y peruano? ¿Ha llegado el sicariato?

Las organizaciones dedicadas al  narcotráfico desarrollan su actividad con una lógica empresarial absolutamente dinámica y teniendo en cuenta la demanda globalizada de drogas sin duda pueden coexistir asociaciones criminales de distintas nacionalidades. De esa manera se afincarán en los lugares en los que cuenten mejores condiciones para su negocio ilícito; que tengan controles más laxos, leyes permisivas o que no se aplican y sobre todo altos niveles de corrupción.  A mi parecer en nuestra región el narcotráfico ha venido ganando terreno porque no se siguieron políticas tendientes a contrarrestarlo. Tales variables son determinantes y establecer condiciones adversas, a mi juicio, es el desafío actual de la lucha contra el narcotráfico.

Está en boga la discusión sobre el endurecimiento de las políticas migratorias. ¿Esto puede servir para luchar contra el narcotráfico? ¿Qué hay que hacer con la frontera?

Pero eso debe ser así respecto de delitos leves que permitan suspensión del juicio a prueba o una eventual condena condicional. En cambio, no debe ocurrir lo mismo cuando de delitos graves se trata (como la mayoría de los delitos previstos en la ley de drogas), puesto importaría prescindir del deber de juzgamiento de nuestro país y daría una señal de impunidad contraproducente dado que el mensaje de política criminal sería que en el territorio argentino si traficás con estupefacientes, solamente te expulsan lo que en definitiva importará un incentivo para seguir delinquiendo.

¿Cómo cambiará su trabajo desde que se aplique el nuevo Código Procesal Penal con el sistema acusatorio? ¿Es un buen cambio? ¿A partir de cuándo entrará en vigencia?

Considero un avance desde el punto de vista judicial la reforma al Código Procesal Penal de la Nación mediante la cual se adoptó el sistema acusatorio.  Esa modificación, a mi criterio, será positiva por cuanto la tarea de investigar a través del juez de instrucción -magistrado unipersonal que en zona de frontera se encuentra colapsado- será sustituida por la actuación de los Fiscales Federales que, con especialización en las distintas materias, tendrán a cargo la acusación. En tanto que los jueces tendrán prohibido investigar, preservándose así su imparcialidad al tiempo de cumplir una función de garantía o de juzgamiento.  Se busca también con la reforma un sistema que, a la par compatibilizar con el diseño constitucional, brinde mayor celeridad en la aplicación de la ley.

Recientemente el Consejo de la Magistratura de la Nación prorrogó su subrogancia por un año, pero usted concursó para quedar definitivamente en el cargo ¿Que balance hace de lo hecho hasta acá? ¿Cuál es su expectativa y desafíos a futuro?

Pienso que la competencia del Juzgado Federal de Salta nro. 1 que comprende asuntos de todas de las materias: civiles, penales, tributarios, de derechos humanos, previsionales y electorales, ha sido siempre un desafío en sí mismo. No obstante el tribunal viene manteniendo parámetros de rendimiento muy elevados. Para que tener dimensión de lo afirmado puede mencionarse que en 2015 se dictaron 5.600 sentencias aproximadamente, lo que obviamente sólo fue posible merced al trabajo en equipo de los excelentes funcionarios y empleados que se desempeñan, con esfuerzo y dedicación, en el juzgado. Además, entender a la justicia como un servicio fundamental me compromete a desempeñar la función siguiendo como norte determinados ideales y valores que son indispensables para lograr un máximo nivel de calidad y eficiencia. Por ejemplo, en materia penal debe quebrarse definitivamente con su estructura selectiva y por ende, captar no solamente a las personas más vulnerables de la sociedad sino también, por igual, a los más poderosos; que pueda brindarse facilidades de acceso a la justicia a los que tienen mayores dificultades para ello; que las decisiones judiciales no se vean perturbadas, condicionadas o  paralizadas por factores externos. Y que en los casos más graves y delicados aplicar la ley con máximo esmero y valentía porque son esos casos los que dan razón a nuestra a existencia y es la manera de honrar a la magistratura.

Tales son, en esencia, los ideales de justicia con los que comulgo y no van cambiar si en el futuro accedo al cargo de manera definitiva.

Sobre Reynoso

Bavio prefirió ser cauto en torno a las preguntas acerca de una causa que, además de conmover a la opinión pública, sacude las fibras íntimas de la Justicia Federal argentina argentina en general y salteña en particular.

Optó por no dar a conocer su opinión sobre lo que implicó investigar a un ex colega y hasta compañero de equipo de fútbol del campeonato de profesionales, como así también no quiso referirse a las versiones acerca de amenazas contra su persona y familia, ya que aún están en trámite distintos expedientes conexos al proceso principal que está elevado a juicio por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta.