Cinco claves del proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad

El asesinato de Brian Aguinaco, el adolescente de 14 años asesinado por otro joven de 15, motivó el proyecto con el que el Gobierno planea avanzar en una iniciativa parlamentaria para reformar el régimen penal juvenil. Se trata de un tema que estuvo en agenda en las últimas campañas electorales, y que ahora se reavivó.

Fue el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, quien confirmó que el Ejecutivo trabajará en un decreto para convocar a una comisión especial que analice y confeccione el anteproyecto. “Impulsamos la reforma porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada, se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad”, manifestó.

De todos modos, aclaró que el tema principal es el “tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal”. La convocatoria será amplia, e incluirá a jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud. El objetivo central sería reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Se tendrán en cuenta distintas escalas, de acuerdo al delito cometido. Y la pena de prisión sería para los casos más graves, como violación, homicidios y delitos con armas. Una idea que se tendría en cuenta es que para los casos de jóvenes de 14 a 16 años la carga de la prueba quede en manos de la fiscalía, para demostrar que el autor comprendía la criminalidad, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las causas.

Según Garavano, “la realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes”.

El ministro señaló que el objetivo es que en el futuro existan menos jóvenes en conflicto. “Que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”, indicó.

En el Gobierno creen que el proyecto debe apuntar a la reinserción de los jóvenes más que al castigo y el cumplimiento de una condena. En el caso de la Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional, y establece que los menores no pueden cumplir condena en el mismo sitio que los adultos, así como tampoco ser condenados a prisión perpetua.

El Gobierno se mostró optimista respecto al proyecto, inclusive creen que cosecharán respaldo de sectores importantes en términos parlamentarios. En 2013, el Frente Renovador y un sector del PJ habían impulsado iniciativas de esas características. De hecho, en 2009 el Frente para la Victoria junto con un sector del PJ y el radicalismo había logrado aprobar una iniciativa en el Senado, que luego perdió estado parlamentario en Diputados.

De todos modos, en el macrismo creen que por los plazos, el proyecto será tratado recién en 2018, luego de un extenso debate extraparlamentario este año.