Unicef se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad

Según un relevamiento del organismo, Argentina es uno de los países de Latinoamérica con la edad de imputabilidad más alta. Ver el gráfico.

04 Ene 2017
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Imagen ilustrativa. Foto de culturacolectiva.com

Unicef se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.

Según el organismo internacional, modificar esta normativa "no suma" y sólo conduciría a "llenar con chicos" los institutos de menores.

Además, según un relevamiento que realizó, la mayoría de los chicos que permanecen privados de la libertad en Argentina lo están por delitos menores "contra la propiedad" y no por delitos graves. En 2015, hubo 871 menores de 16 años privados de su libertad,  sobre un total de 1.305 que incluyen jóvenes de 18, 19 y 20 años.

En Latinoamérica,  sólo Brasil mantiene los 18 años como la edad límite de imputabilidad para las personas, según Unicef.

En tanto, en Argentina y Cuba la edad mínima son los 16 años. En el resto, comienza a los 14, siendo Trinidad y Tobago el país que imputa a niños desde los 7 años.

"La normativa vigente (ley 22.278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar", dijo la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca.

"Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad", dijo Misuraca. Consideró, incluso, que cuando se establecen penas para los jóvenes puede primar en los jueces la creatividad para que dicten "buenos fallos", que piensen soluciones acordes y no recurran sólo a la privación de la libertad.

Dejó en claro que la cárcel “debe ser la excepción" y que lo que se necesita es "fortalecer las políticas públicas" porque "los derechos de estos jóvenes se han vulnerado previamente al no tener un sistema de protección presente con anterioridad a cometer el delito".


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