La baja de la edad de imputabilidad, un proyecto que divide a los salteños

El Gobierno nacional anunció que impulsará un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad tras las elecciones. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, abrió el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad al asegurar que es necesaria una nueva ley que regule el régimen penal juvenil. La idea de bajar la imputabilidad a los 14 años también mostró posiciones encontradas entre los salteños.

Pablo Alavila, secretario de Políticas Penales de la Provincia, dijo a LA GACETA que durante 2016 participó de dos actividades importantes organizadas por Unicef y el Ministerio de Justicia de la Nación a donde se hablaba de estos temas. En este sentido dijo que no cree que bajar la edad de imputabilidad sea una solución. “Hay que analizar en profundidad el proyecto. Si se piensa que bajando la imputabilidad baja el delito, no es cierto porque la incidencia de delitos producidos por jóvenes, en el rango de 14 a 16, es bajo”, afirmó el funcionario provincial.

“Sería un error pensar que esto es la solución porque primero deben analizarse las causas que producen la delincuencia”, insistió Alavila y enfatizó que es importante ver el abordaje que se les da a los menores para su reinserción social a través de la educación, la recreación, el deporte. “Avanzar sobre la Justicia Penal Juvenil es una deuda pendiente de la sociedad argentina”, indicó. Y sentenció: “Estoy convencido que si el proyecto baja la edad de imputabilidad debe venir acompañado con una inversión en materia de reinserción a los jóvenes en conflicto con la ley penal”.

Guillermo Durand Cornejo, diputado nacional del PRO, señaló que, en la comisión de la Justicia que integra, ya se está analizando el tema, para que se aborde recién en 2018. El legislador salteño dijo que de 1.800.000 delitos que se cometen, solo 90 mil corresponden a menores de 16 años. Sostuvo, en este sentido que claramente la incidencia criminal no es grande, pero de todos modos es necesario abordarla.

Durand Cornejo también hizo hincapié en la necesidad de mejorar los lugares donde son internados o detenidos los menores. “Si vamos a hablar sobre lo que ocurre hoy a nivel nación, sino en Salta, donde no hay lugares adecuados para internar a los menores. Lo mismo pasa, y peor que en Salta, a nivel nacional. Los lugares de detención son realmente formadores de delincuentes”, dijo.

Finalmente dijo que es necesario contemplar la baja de la imputabilidad, porque si bien 90 mil casos puede no parecer tanto, lo cierto es que cuando alguien padece un delito, no le resulta poco. “Tenemos que avanzar en ese sentido, pero cuando eso ocurra tienen que estar las condiciones para resocializarlos”, concluyó.

Pese a formar parte de la Alianza Cambiemos, el diputado nacional Miguel Nanni expresó una opinión contraria a la de Durand Cornejo. “Tenemos que tomar distancia del conflicto cuando hay un menor delinquiendo. Algo estamos haciendo mal para que un menor delinca. Bajar la imputabilidad lo único que atacará es la consecuencia y no las causas de la inseguridad”, dijo el legislador de la UCR. Y enfatizó que hace falta rever la política criminal y reincidencia desde otro lugar. “Hace falta contención y no represión. El gobierno debe distinguir que la política criminal de Buenos Aires no es la misma en todo el país. Necesitamos un traje a medida. No es la solución a la inseguridad. En el mundo hay una tendencia a endurecer las penas, pero en Argentina no es el camino. Hay que discutir el tema. La mano dura hay que ponerla en la frontera para controlar. Un menor que delinque es una persona a la que se la ha robado la infancia”, afirmó.

El que celebró la iniciativa del gobierno macrista fue el diputado nacional Alfredo Olmedo, quien además recordó que él ya había presentado un proyecto para que se baje la imputabilidad de los menores. Sostuvo, además, que los padres de los menores que cometan delitos deben pagar penalmente por los ilícitos de sus hijos.

Pablo López, representante del Partido Obrero en la Cámara Baja, dijo que el PO rechaza esta iniciativa. “La criminalización de la juventud busca ocultar la creciente descomposición del aparato represivo y su entrelazamiento con el crimen organizado”, es la posición del Partido Obrero. También manifestó que la baja de la edad de imputabilidad aumenta el poder de las mafias represivas para el reclutamiento criminal y el gatillo fácil, y abre el camino para un mayor encarcelamiento de los jóvenes pobres, principales víctimas de la arbitrariedad policial.