Imputabilidad de menores: el caso de Salta y qué debería cambiar si se convierte en ley

El Gobierno nacional intentará modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, propuesta que generó un gran debate en el que ya participan distintos sectores de la sociedad argentina y al que se sumó UNICEF. En ese marco, el debate se traslada a Salta y surgen interrogantes acerca de cómo y qué cambiaría del sistema penal juvenil salteño. 

La ofensiva se disparó en los últimos días del 2015 y hoy ocupa la agenda informativa de todos los medios del país. Sin embargo, en Salta no se registran, en grandes proporciones, delitos graves cometidos por menores de entre 14 y 16 años, de acuerdo a un recuento periodístico y  a investigaciones que no permiten hablar de un “problema extendido”.

Los últimos casos graves protagonizados por menores de 16 años que se recuerdan son un homicidio ocurrido en 2015, en el cual un chico de 14 años asesinó a su prima de 17 de cinco balazos, y un episodio que tuvo lugar en las márgenes del Río Arenales, allí un menor de 15 años mató a otro mayor para robarle. El resto de los delitos cometidos por niños y adolescentes ocupa las crónicas policiales vinculadas al microtráfico de drogas y a hechos menores.

El dato es más contundente si se tiene en cuenta que solo dos menores de 16 años fueron protagonistas en dos de los casi 100 homicidios ocurridos durante 2015 y 2016 en Salta.

El sistema en Salta

Tras el violento motín ocurrido en la navidad de 2008 en Orán, en donde murieron seis menores, la provincia avanzó hacia un proceso de transformación en la materia, con el fin de redefinir las políticas públicas en el abordaje de los jóvenes en conflicto con la Ley.

En ese marco, se inauguraron Centros de Atención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal que permitieron la atención integral de los adolescentes, con el objetivo de alentar el desarrollo de aquellos que debían ser alojados por disposición judicial en los centros y programas.

Actualmente, la provincia cuenta con cuatro centros de privación de la libertad para los jóvenes: uno en Capital, otro en Orán, en Tartagal y en Metán. En tanto, existen dos centros de restricción de libertad: Hogar Nuestra Señora del Tránsito en Salta Capital (que alberga a adolescentes mujeres de entre 16 y 17 años) y el Instituto David Michel Torino, ubicado en Cerrillos.

Estadísticas

Según el último relevamiento realizado en 2015 por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, en Salta hay 57 menores privados de su libertad en centros cerrados, alcaidías y comisarías, cuatro menores en establecimientos de restricción de libertad y 47 en programas de supervisión. 

Vacío legal

La ley argentina establece que solo los que tienen entre 16 y 18 pueden ser detenidos y que solo lo serán en caso de que el contexto familiar y las condiciones propias del chico no sean aptos para que retorne a su hogar.

Según advierten los especialistas, hay un fuerte vacío legal para los chicos menores de 16 años que ya tienen hábitos delictivos, muchos de ellos vinculados al consumo de drogas. Estos, a veces, son usados por delincuentes que venden drogas en los barrios y utilizan a niños porque no pueden ser condenados.

Un juez podría ordenar detener a un menor de entre 13 y 15 años, si corre riesgo su vida o la de su familia, pero interviene la Secretaria de la Niñez y la Familia que busca un lugar adecuado para el niño y que se haga un tratamiento adecuado.

Los mismos especialistas sostienen que es necesario construir lugares dedicados a este grupo de adolescentes, que sean adecuados a este rango etario, porque no se los puede juntar con las víctimas de violencia familiar ni mezclarlos con los que tienen más de 16.  

En la actualidad, si en una causa por delito penal solo intervienen menores, la competencia de los jueces de menores es exclusiva. Si en un hecho participan mayores y menores, el juez de Garantía que revisa el proceso pone al menor a cargo del juez de Menores. Los que no son detenidos, son sometidos al cumplimento de medidas tutelares tendientes a su educación y corrección.

En caso de que la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri avance, además de los cambios formales, en Salta se deberán crear centros cerrados, establecimientos de privación de libertad exclusivamente para ese rango etario y centros de restricción de la libertad.

La iniciativa fue rechazada por UNICEF, organismo que entiende que el debate no debe pasar por la edad de imputabilidad y la criminalización de los niños y adolescentes, sino por atender situaciones sociales agudas que tienen que ser atendidas por el Estado.