Personas Jurídicas no intervendrá a Juventud: “es un tema de los socios”

Juventud Antoniana celebró su 101 aniversario en medio de una situación institucional muy delicada. El mandato del presidente José “Pepe” Muratore venció en 2016, las elecciones de diciembre se suspendieron por irregularidades en el padrón y la oposición denuncia que el club está acéfalo y que Inspección de Personas Jurídicas debería impedir que 440 de las personas incluidas en ese padrón pueda votar porque evidencian un acto de corrupción.

De un padrón de poco más de 1000 socios, Personas Jurídicas impugnó 440 el 15 de diciembre, el día que debía realizarse la elección de autoridades en el club. La misma se suspendió, las autoridades no fueron renovadas y el futuro institucional del club sigue siendo una incógnita. Por esto, surgió la posibilidad de una nueva intervención o la designación de una comisión normalizadora (como en la AFA) para que organice, transparentemente, nuevas elecciones.

Juan Barbaran, candidato a presidente de la oposición, consideró que el club está acéfalo y mostró la documentación para explicar cómo la última Comisión Directiva habría falseado el padrón de socios.

Personas Jurídicas detectó irregularidades en el padrón e impugnó en diciembre a 440 personas que estaban incluidas, por considerar que no tenían el tiempo suficiente de antigüedad necesario para votar. La oposición sostiene que ese no es el problema principal y denuncia que en realidad, nunca se asociaron al club, por lo que no deberían poder votar, según Barbaran.

En diálogo con LA GACETA, el director general de la Inspección de Personas Jurídicas, Rodrigo Martínez Urquiza, desestimó la posibilidad de intervenir el club: “es una situación que deben resolver los socios”, afirmó y explicó que la intervención de un club por parte del Estado debe ser la última de las opciones y basarse en razones de mayor gravedad que las que existen hoy, según su parecer.

El funcionario aclaró que “el club no está acéfalo”, ya que para situaciones como la que vive Juventud, debe primar un principio jurídico que impone el resguardo de la vida institucional de este tipo de asociaciones. Este principio aplicable, sustentado en la ley de Sociedades Comerciales, indica que en estos casos de haber una reconducción del mandato del último presidente, una suerte de continuidad provisoria que por supuesto no debe prolongarse demasiado.

La Inspección general de Personas Jurídicas mandó días atrás a Juventud a que convoque a nuevas elecciones en el corto plazo para normalizar la situación.

¿Qué pasará con los 440 socios impugnados?

Según la documentación oficial, el 5 de febrero de 2016, Juventud presentó un padrón oficializado. De esos nombres, casi la mitad fue impugnada por Personas Jurídicas, prohibiendo que voten. La oposición denuncia y afirma que son socios “truchos” que nunca se inscribieron.

Martínez Urquiza explicó que lo que resolvió fue que, como no estaba claro cuál era la fecha de ingreso como socios de esas personas, las consideró inscriptas desde ese día y que como el estatuto del club exige una antigüedad de un año para poder votar, no podían hacerlo.

Todavía no se dispuso una nueva fecha de elección y Barbarán está convencido que Muratore y su gente la convocarán para después del 5 de febrero, de manera que esos 440 personas, ya tendrán la antigüedad suficiente para votar.

Personas Jurídicas solo exigirá que el padrón sea presentado ante ellos 15 días antes para poder revisarlo.

¿Cómo sostiene la oposición que son socios falsos?

Barbaran le mostró a este medio el padrón donde figuran todos los socios con su fecha de ingreso. Seguidamente exhibió el acta que el club realiza cada día con todos los socios que se inscribieron ese día. De esta manera, muestra que en el padrón figuran personas con fecha de ingreso pero que no están en el acta de ese día.

Por ejemplo: usamos el caso del socio llamado Luis Aguirre que, según el padrón, se inscribió el 21 de junio de 2014, pero en la documentación de las actas, no figura ningún socio inscripto en esa fecha.

Esto se da en varios casos según la oposición, que en un principio detectó 192 pero después Personas Jurídicas refirió que eran 440 los casos irregulares.

Si hubo corrupción o no de parte de Muratore, “debe resolverlo la Justicia” dijo Martínez Urquiza, quien alegó no saber nada de la denuncia penal que Barbaran entabló contra los dirigentes salientes después de la suspensión de las elecciones en diciembre.