Se alzaron voces para reclamar la libertad de Sala

“Si la provincia (de Jujuy) no garantiza justicia, se necesita la intervención federal”, planteó el ex juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni. Movilizaciones Referentes del derecho, de partidos políticos opositores y organizaciones sociales internacionales respaldaron a la líder de la Tupac Amaru.

17 Ene 2017
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VARIAS CAUSAS. Sala fue detenida el 16 de enero del año pasado. REUTERS

BUENOS AIRES.- Eugenio Zaffaroni, Alberto Rodríguez Saá y Horacio Verbitsky encabezaron ayer el reclamo por la libertad de Milagro Sala en una conferencia de prensa que se realizó al cumplirse el primer año de la detención de la líder de la Tupac Amaru. De sus declaraciones se destacan un pedido de intervención federal de la provincia de Jujuy, la convocatoria a la militancia para lograr que se libere a la dirigente y el rescate de sus obras.

Zaffaroni arremetió contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Si Morales dice ‘no voy a soltar a esta mujer’, es porque está ejerciendo ‘poder judicial’. Y si la provincia no garantiza justicia, (se necesita) la intervención federal”, subrayó.

El ex ministro de la Corte Suprema apuntó contra parte del Poder Judicial por la marcha de las acusaciones contra Sala, y arremetió contra el Poder Judicial. “Se ha perdido el pudor, hay sectores minoritarios de la Justicia que están haciendo esto”, repudió. “Por la obcecación del gobernador y por el Gobierno Nacional estamos haciendo un papelón internacional”, sentenció.

Verbitsky consideró que la solución al conflicto debe llegar a través de la militancia. “La libertad de Milagro sólo se va a conseguir con movilización y participación popular. Su libertad es la garantía de la libertad de todos”, resumió el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El periodista apuntó contra los medios al reprochar que no encontró “ninguna referencia en los medios a que la jueza (Clara Falcone, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia) opera con Morales para engañar a la CIDH”.

Verbistsky se refirió así a un artículo de su autoría que publicó en Página 12, en el que reveló un envío de correos electrónicos de Federico Wagner, abogado que representó a Morales en la querella en la que Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigidos al fiscal de estado jujeño Mariano Miranda y a Falcone para coordinar poner en contacto a los comisionados de la CIDH con las personas que dicen haber sido amenazadas por Sala. Wagner pide que Leandro Despouy, embajador extraordinario y plenipotenciario ante los organismos internacionales de Derechos Humanos, sea parte de las reuniones previas.

“Es una presa política”, resaltó el gobernador de San Luis, Rodríguez Saá. El mandatario puntano negó que Sala haya incurrido en delitos, e incluso arriesgó que “debe haber puesto plata de su bolsillo para construir todo eso”.

“Hizo más que ningún gobierno en la historia de Jujuy”, concluyó Rodríguez Saá.

La conferencia de prensa, que se realizó ayer en la sede de la Tupac Amaru ubicada en la esquina de calles México y San José, contó con la participación de referentes políticos, sociales y del mundo del espectáculo.

Estuvieron presentes, entre otros, Andrés “Cuervo” Larroque, Gabriel Mariotto, Leopoldo Moreau, Edgardo Depetri, Víctor Santa María, Jorge Ferraresi, Mario Secco, Vilma Ripoll, Christian Castillo y Florencia Saintout.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, envió una carta para adherir al reclamo por la libertad de Sala.

También se pudo ver al líder de Quebracho, Fernando Esteche, y a actores como Luis Ziembrowski, Paola Barrientos y Lola Berthet.

Respuesta internacional

En los últimos meses las Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, solicitaron a la Argentina que libere a Sala por considerar que su detención va en contra de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Consideran que la detención de Sala se concretó de un modo “arbitrario”, durante una protesta social y “en ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, una condición que no debe estar “sujeta a criminalización u otras formas de represión”.

La dirigente social recibió la excarcelación por el acampe de protesta, pero continúa detenida tras ser posteriormente acusada, entre otros delitos, de ser la presunta jefa de una asociación ilícita y supuesta responsable de extorsión y fraude a la administración pública por un monto equivalente a 29 millones de pesos (1,8 millones de dólares), según informó la Justicia de Jujuy. (Télam-Especial)

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