El Gobierno quiere sacar la reforma laboral por decreto y busca apoyo de la CGT

El Gobierno comenzó a sondear con la CGT la posibilidad de aplicar una amplia reforma de la legislación laboral por decreto. Con un guiño de la central obrera para explorar esa alternativa, el Ejecutivo montó un paquete que incluye: un blanqueo laboral con perdón de multas y la eventual cesión a los sindicatos del poder de policía para tareas de fiscalización en las empresas; un nuevo esquema de pasantías o prácticas de formación profesional, que los dirigentes exigieron hacer bajo Convenios Colectivos de Trabajo; un mecanismo para incorporar hasta 300 mil beneficiarios de planes sociales en empleos formales, y subsidios para la contratación de nuevo personal.

La propuesta, fue detallada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a la cúpula de la central sindical. Los dirigentes pidieron a los funcionarios tiempo para analizar la iniciativa y someterla el 2 de febrero a debate en el Consejo Directivo de la organización, según informó Ambito.com.

Además reclamaron darle prioridad a la atención de los despidos (violatorios de un acuerdo firmado en diciembre con el G6 en presencia del Gobierno) y de los perjuicios en la industria local por la apertura de las importaciones.

En el encuentro sobrevoló la posibilidad de avanzar en el combo de medidas sin pasar necesariamente por el Congreso. Esa alternativa fue sugerida por los funcionarios y evaluada de manera dispar por los gremialistas. En la administración de Mauricio Macri le valoran a la CGT haber prestado a fin de año su colaboración para que se aprobara un proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias por consenso y esperan obtener un nuevo espaldarazo para las iniciativas en el campo laboral.

El borrador entregado a la CGT gira sobre cuatro pilares. Uno de ellos es un amplio blanqueo laboral, tendiente a reducir la actual incidencia del trabajo no registrado, que oscila el 38 por ciento. Sobre este punto el Gobierno ofrecerá la condonación de multas para los empresarios que no hubiesen realizado aportes de ley a su personal.

Los dirigentes reclamaron en este capítulo que los trabajadores beneficiados mantuviesen su antigüedad y otros derechos que les correspondieran. Como aliciente para los gremios la propuesta contiene facultades de fiscalización por parte de los sindicatos, algo por ahora reservado sólo al Gobierno nacional y las administraciones provinciales.

El segundo eje es la reinstauración de prácticas formativas en los ámbitos laborales. Los funcionarios insistieron una y otra vez en la necesidad de evitar el término "pasantías", de reminiscencias negativas en la historia reciente.

La CGT planteó en este caso la necesidad de que cualquier ingresante bajo esta modalidad lo hiciera regido por el Convenio Colectivo de Trabajo de su actividad. Como parte de este ítem figura la creación de una Agencia de Talentos, que también adelantó este diario, y la chance para los gremios de participar del programa con sus propios centros de formación.

Otro capítulo apunta a la posibilidad de incorporar al mercado de trabajo a los actuales perceptores de planes sociales. Triaca y Quintana comentaron que el proyecto prevé que unos 320 mil beneficiarios de esos programas puedan entrar a trabajar a empresas y que parte de su salario sean los 4.000 pesos que actualmente el Estado les asigna como subsidio. La asistencia estatal para el empleador podría extenderse hasta por 18 meses.