En dos años la Justicia ordenó la entrega de menos del 20% de los botones de pánico

Los repetidos y preocupantes casos de femicidio y violencia de género que aquejan a Salta obligaron al gobernador Juan Manuel Urtubey a declarar a la provincia en emergencia por violencia de género, situación en la que se encuentra desde 2014. 

Una de las medidas que se tomó en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos fue combatir la violencia entregando botones antipánico a las víctimas. Cada caso, como sucede en la actualidad, es analizado por las fiscalías y juzgados de violencia, para la entrega del aparato que posee un tamaño similar al de un celular. 

A mediados de mayo 2015 se entregaron los primeros equipos de pánico, en el marco del Programa de Prevención y Asistencia Integral a Víctimas de Violencia. Desde el Ministerio de Seguridad reconocen que el uso ha sido conflictivo dado que, en algunas oportunidades, los aparatos fueron activados sin tratarse de una situación real de violencia, situaciones que, de todos modos, obligaron el desplazamiento de recursos policiales. 

A casi dos años de su implementación, sólo el 12% de las activaciones de los botones antipánico se trataron de casos reales de violencia. Y de ese porcentaje, el 1% fue una activación voluntaria. Cifras reales a las que accedió LA GACETA alertan de tres problemáticas en la utilización de los aparatos, según describió el comisario Benjamín Hinojosa, director del Centro de Coordinación Operativa de Seguridad (CCO): casos reales, golpes al equipo o el mal uso del mismo. 

Casos reales: en la primera categoría se incluyeron los casos de cuando la activación del botón antipánico se produjo cuando el equipo fue pulsado adrede. El equipo, emitió la alarma en el 911 y obligó el desplazamiento de patrullas. En los últimos 23 meses hubo más de 800 activaciones y solo el 42% se trató de casos reales en los que la Policía constató que había una situación real de violencia y riesgo para la víctima. El restante 58% de las pulsaciones fueron involuntarias, equivocadas o accidentales. 

Golpes al equipo: Otro caso ocurre cuando el botón sufre un impacto, es arrojado al suelo o golpeado con algún objeto contundente. Esta categoría es la que genera mayor preocupación porque, desde mayo 2015, se registraron 1500 activaciones de las cuales en el 85% de ellas no había una situación de violencia. 

Mal uso del equipo: También desde el CCO expresaron su preocupación porque, algunas veces, es la víctima quien olvida el botón antipánico en su casa, sin hacer uso del equipo otorgado a través de las fiscalías y juzgados para resguardar su integridad. En algunos casos, el aparato fue luego accionado por niños “que pensaban que era un juguete o por adultos mayores que lo confundieron con un control remoto, lo presionaron y demandaron recursos para casos innecesarios”, dijeron. 

La violencia en números

Desde la implementación de los botones antipánico en mayo de 2015, se solicitaron 806 equipos. Pero, a partir del análisis de los casos llevados adelante por los magistrados, muchos de ellos fueron descartados porque no registraban una situación real de peligro, según dijeron desde el Ministerio de Seguridad, y solo se entregó un 18,23% del total de los pedidos inicialmente.

En los casos en que la víctima padecía una situación manifiesta de violencia, el 40% de ellas rechazó acceder al aparato o lo devolvió. Actualmente son 147 los botones que están activos por los barrios de Salta, monitoreados las 24 horas de los 365 días del año. 

Nueva tecnología, ¿la solución?

El pasado 22 de marzo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti; y el ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver, anunciaron el lanzamiento del programa SUMA (Sistema Único de Monitoreo de Agresores). A través de un acuerdo con Nación, la provincia es una de las cuatro primeras del país en implementarlo y recibir los nuevos equipos. 

La novedad fue el equipamiento de 30 pulseras electrónicas para aplicar a casos graves y que, al igual que los botones antipánico, contarán con el monitoreo e intervención inmediata de la Policía. El agresor debe usar dos dispositivos: una pulsera o tobillera que debe mantener puesta las 24 horas del día y un rastreador del que solo puede separarse algunos metros. Por su parte la víctima debe usar un rastreador. 

El primer caso no tardó en llegar. El cuatro de abril, la justicia salteña ordenó que un hombre denunciado por incumplir las medidas de conducta que se le había impuesto use la primera tobillera electrónica, según confirmaron desde la fiscalía penal 1 de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Claudia Geria. Al momento es el único caso registrado con la implementación de este nuevo sistema.