Crítico informe sobre los Centros de Inclusión Transitoria

El Ministro de la Primera Infancia recibió esta semana un informe de la Auditoría General sobre los Centros de Inclusión Transitoria, programa que depende de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades.

La problemática que aborda el programa auditado es la infancia vulnerable. Existen situaciones que hacen necesario que, de manera excepcional y por un tiempo limitado, un menor deba ser alejado de su núcleo familiar directo. El criterio regulador es, en todo momento, el interés superior del niño y la protección de sus derechos. Sin embargo, el informe hace evidente que muchos lugares creados para contener a niños y adolescentes, debido a la ineficiencia, a la falta de presupuesto, pueden llegar a perjudicar a aquellos que debía proteger.

Los auditores iniciaron sus tareas con una visita formal a la oficina administrativa central de la Secretaria de Igualdad de Oportunidades, apuntando abordar la problemática propia e inherente, colectivamente, de los Centros de Inclusión Transitoria. En una segunda etapa, procedieron a realizar visitas a los CIT en particular, con el objetivo de reconocer los mecanismos de funcionamiento de éstos, verificar las condiciones de la infraestructura edilicia, equipamiento y condiciones de seguridad en el que se desarrollan las actividades que demanda el objeto auditado.

Lo que encontraron estos auditores genera pavor.

OBSERVACIONES

Uno de los problemas que los auditores encontraron en la mayoría de los Centros Transitorios es que dadas las tareas cotidianas del programa y de los dispositivos/centros, surgen como habituales las tareas relacionadas con el área jurídica. Son habituales los oficios y pedidos de informes judiciales, los cuales son contestados por el mismo personal del dispositivo/centro (dentro de sus posibilidades cognitiva y temporales) desviando su esfuerzo en tareas impropias de sus cargos.

El Programa auditado carece de asesoramiento y acompañamiento jurídico suficiente dentro del programa, en los trabajos de articulación entre los CIT, con el Juzgado a cargo y con los familiares.

Esto desencadena que se registren de manera general falta de respuestas a los requerimientos judiciales en tiempo y forma; también en una falencia de acompañamiento y asistencia a los niños en audiencias judiciales, a las cuales van acompañados por operarios sin formación especial para ello. “Ausencias de profesionales en las labores de articulación con la familia, lo que beneficiaría en sus recomendaciones a los familiares del menor, quienes usualmente desconocen sus derechos y los medios adecuados para ejercerlos”, menciona el informe.

Hasta la fecha de la emisión del informe los auditores no observaron acciones tendientes a proveer de recursos humanos, ni económicos para que se brinde asesoramiento y acompañamiento jurídico a los Equipos Técnico.

Además de mencionar los problemas de comunicación, el informe critica las faltas en las tareas de seguimiento del niño o adolescente que egresa del organismo. Una vez dado el supuesto de egreso de un asistido, el Programa debe realizar tareas de la articulación y seguimiento posterior del mismo, ya sea con su familia de origen, guardadores judiciales o familia adoptante. “Al respecto, en el informe del 29 de setiembre de 2015 del ET de Seguimiento, da cuenta que de un total de 42 casos asignados a esa área, ésta interviene en sólo 22 de ellos. De tal modo, el apuntalamiento psicológico del menor y de los mayores, la supervisión física y psicológica, posterior a la salida no es posible”, señala el informe. Es decir, solo hubo un seguimiento de la situación de la mitad de los jóvenes. Como consecuencia, según el informe, esta pérdida de contacto origina una congoja en los menores, que habiendo encontrado apoyo en los profesionales, no cuentan con ellos en su reinserción fáctica. “No menos importante es la posibilidad (perdida por falta de presencia) de localizar, identificar, detectar casos de violencia o abuso posteriores al egreso, impidiendo prevenir o neutralizar sus efectos ulteriores. La tarea de seguimiento es fundamental, ya que minimiza los casos de reingresos”, explicita el informe.

Otro inconveniente cotidiano del programa auditado, es la sistemática violación del precepto de “arraigo”, indicado como indispensable al evitar alejar al niño del medio ambiente originario. Esta situación se relaciona con las carencias económicas ya que la provincia no cuenta con CIT, cuyo asiento no se encuentre fuera de la ciudad capitalina (a excepción del ubicado en la ciudad de Tartagal), determinando la asistencia de los niños asistidos de toda la provincia, en los CIT de capital. La mencionada problemática afecta principalmente a los niños derivados de los juzgados del interior de la provincia, quienes son trasladados a la ciudad de Salta para su internación, alejándose de su familia y de su medio usual de vida (colegio – barrio – iglesia), rompiendo los escasos lazos afectivos que sobreviven en ellos.

Los auditores también observaron que el índice de emigración de asistidos es escaso, en relación al total de niños, niñas y adolescentes asistidos. Ello incumple los objetivos previsto en la Ley.

Un grave incumplimiento detectado por los auditores es en referencia a la proporcionalidad ideal entre: niños asistidos y personal tratante (operadores). El índice indicado por los especialistas es de un operador cada tres asistidos, por cada turno. Sin embargo, el siguiente cuadro permite visualizar la distribución y proporcionalidad de la referida situación de Recursos Humanos del Programa:

Los centros, como se observa en el cuadro, cuentan con menor número de personal respecto del que correspondería con el consecuente impacto en los resultados deseados. Entre las principales falencias se destacan:

1- Ausencias de personal por presentación de carpetas médicas laborales; ésta situación se debe, en gran medida, a lo estresante de las tareas a desarrollar, que incluyen usualmente situaciones de gran angustia ante la inevitable empatía.

2- Escasez de relevos/reemplazos necesarios para cubrir todos los turnos de horarios de trabajo, para el personal de apoyo operativo, que desconoce de fines de semana, fiestas religiosas y horarios sólo diurnos, siendo necesario para el acompañamiento en todos los días de la semana y a todo horario, lo que determina que el personal no goce de los descansos requeridos legalmente y que contribuyen a su rendimiento operativo.

3. Insuficiencia en la cantidad de Equipos Técnicos, que son los protagonistas fundamentales en la tarea de articulación del programa, además de ser una de las prestaciones de mayor impacto en los resultados alcanzados con los asistidos.

4. Los operadores técnicos deben contar con capacitación específica para el desarrollo de sus tareas, lo cual determina la necesidad de ser suplidos, ante su ausencia, por personal de idéntica formación, lo cual en los hechos no sucede, sino que se reemplaza con personal no capacitado.

5. Contratación de personal vinculado de modo precario con el programa, sin capacitaciones laborales coherentes y suficientes según los requerimientos del programa (denominado “voluntariado” internamente), lo que genera más allá de los compromisos humanitarios, la falta del desarrollo del sentido de pertenencia institucional con los riesgos que ello representa. Esta situación se funda principalmente en la carencia de recursos presupuestarios y financieros

SIN MOVILIDAD

El programa carece de movilidad. Se dificultan los traslados, en tiempo y forma, de los menores a las audiencias judiciales donde se dirimen sus derechos y futuro; lo mismo, respecto de la asistencia de los asistidos a terapia o revisación médica, o los traslados con finalidades recreativas. Afecta también la falta de movilidad las tareas de articulación del Equipo Técnico, que deben concurrir a la audiencia, a los CIT, a los domicilios de las familias de origen (que muchas veces son lugares distantes e inseguros). Además, la carencia de movilidad imposibilita las tareas de seguimiento.

LA REALIDAD DE CADA CENTRO

La auditoría puso su lupa sobre ocho Centros de Inclusión Transitoria, de las nueve instituciones, dependientes de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades.

Como problemática común a todos los Centros, se observa: el edificio principal y ampliaciones efectuadas en todos los Centros de Inclusión Transitoria no disponen de planos de arquitectura,no cuentan con planos de estructura sismorresistente, tampoco, disponen de planos de su infraestructura eléctrica e instalaciones complementarias. Respecto a los dispositivos de seguridad, en todos los Centros se observa: no cuentan con sensores de humo ni plan de evacuación; sobre el equipamiento de seguridad: las aberturas no disponen de vidrios de seguridad, no cuentan con sensores de movimiento, las puertas no son de apertura interior y exterior ni disponen de dispositivo antipánico. En cuanto a condiciones de Higiene y Seguridad Laboral: no se efectúan, periódicamente, análisis físico-químicos ni bacteriológicos del agua potable.



El informe transitorio fue entregado el 16 de enero de este año; desde el organismo se pidió una prórroga de 15 días para entregar una respuesta a los cuestionamientos, pues en el periodo auditado (2014), ese programa dependía de otro ministerio. Pasaron los días y nunca hubo una réplica. Vencidos los plazos, se publicó el informe tal cual.

La auditoría cierra en 2014. El mismo año en que Rebeca Anahí Girón se fugó de uno de estos centros de Barrio Castañares. Rebeca se había fugado en noviembre la policía y la justicia debían buscarla, encontrarla. Tenía 17 años y apareció muerta en setiembre de 2015, en las ruinas de una casa abandonada (la que se ve en la foto). El Estado deja a su suerte a los jóvenes, dentro o fuera de la institución. Y esto son jóvenes que, por supuesto, no han tenido suerte en sus vidas.