A Reynoso también se lo acusa de otorgar permisos irregulares para comerciar en la frontera

El nuevo procesamiento en contra el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, se basa en la imputación de tres actividades delictivas diferentes.

Ya explicamos la imputación por, presuntamente, cobrar dádivas a cambio de devolver grandes sumas de dinero (de moneda nacional y extranjera) a personas que las transportaban ilegítimamente. Otra razón de su procesamiento con prisión preventiva es el delito de falsedad material e ideológica de una supuesta declaración indagatoria del presunto capo narco Delfín Reynaldo Castedo. 

La tercera sub causa por la que fue procesado es la que indica que, mediante acciones de amparos o medidas cautelares, Reynoso ampliaba los cupos para exportación de harina y otras mercaderías que eran otorgados por Aduana, previo a exigir dádivas para proceder en tal sentido, participando en la maniobra varios abogados.

El fiscal salteño Eduardo Villalba reveló en su presentación ante el juez federal Julio Bavio, que durante la investigación, Héctor Antonio Navarro, quien se desempeñaba, desde el año 2010, como presidente de una de las catorce cámaras de comercio de la localidad de Profesor Salvador Mazza, contó que en el año 2010 un comerciante de nacionalidad Siria, de apellido Barakat Barakat (hoy detenido y procesado por el tráfico ilegal de precursores químicos utilizados para la fabricación de cocaína), interpuso una acción de amparo en contra de la Aduana de Pocitos, a fin de que se le permitiera la comercialización de mercadería, a lo que el Juez Federal de Orán hizo lugar, permitiéndole el ingreso de camiones en forma ilimitada a la zona de frontera.

Denunció Navarro a Reynoso por continuar otorgando cupo para comerciar a través de amparos a personas que no pasaban directamente por Aduana.

Según la Justicia, Raúl Reynoso, a través de medidas autosatisfactivas, ordenó levantar la suspensión de comerciantes del registro de importadores y exportadores y en el sistema de operadores fronterizos autorizados, permitiéndoles ejercer su actividad comercial, haciendo, incluso, lugar a cautelares con un alcance distinto al solicitado.

Este exceso en sus facultades llamó la atención de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, la que revocó las resoluciones y efectuó consideraciones al respecto, teniendo especialmente en cuenta la falta de adecuación de sus fallos a los precedentes del tribunal de alzada.

Para los fiscales y el juez hay fuertes indicios que el Juez Reynoso autorizaba a comercializar mercaderías calificadas como de alto riesgo fiscal por Aduana en la zona de tráfico vecinal fronterizo, mediante una medida cautelar y/o acción de amparo, a cambio del pago de importantes sumas de dinero.