En Salta hay 250 niños judicializados y solo el 1% accede a una familia sustituta

Sus cortas vidas están marcadas por situaciones de vulnerabilidad y maltrato, violencia física, verbal y económica. Son presos de sus familias, del entorno y la crianza que pueden darles sus papás y mamás que están envueltos en problemas de adicciones, drogas y robo.

Los problemas familiares muchas veces no tienen una solución porque el mismo entorno de los niños y adolescentes puede representar una zona de conflicto y vulnerabilidad. Alejados de sus padres, tampoco encuentran un hogar en sus parientes más directos porque ese mismo círculo está contaminado, quebrajado, sufre de vicios y los deja expuestos a riesgos. Entonces interviene la Justicia. 

En Salta hay 250 niños judicializados y solo el 1% accede a una familia sustituta

Según datos oficiales de la Secretaría de la Niñez dependiente del Ministerio de la Primera Infancia, en Salta hay 250 niños y adolescentes judicializados que esperan una nueva oportunidad: ser entregados a padres sustitutos o bien restituidos a sus familias luego de que los adultos superen las estrictas condiciones que les imparte un juez. 

Leé más: superaron los prejuicios y se animaron a adoptar niños más grandes

La niñez y la adolescencia no siempre están acompañadas de una familia. Y en los hogares del Estado, los bebés recién nacidos, niños y adolescentes de hasta 17 años deben encontrar una salida, casi por su cuenta, al cuidado de profesionales de la educación y la salud que quedan a cargo de sus custodias. 

Las imágenes maternas y paternas son reemplazadas por el buen trato de los trabajadores y colaboradores voluntarios de los hogares. Los cuidan, los alimentan y entretienen como sus propios hijos. La contención es clave.

Entre juguetes y la atención de especialistas

El instituto Hogar Cuna doctor Luis Güemes es uno de los centros de contención más representativos en la provincia. Las historias de los bebés y niños que llegan hasta las instalaciones de la avenida Belgrano 913 no asombran a la directora, Ofelia Humacata, a los trabajadores y colaboradores. Desde su fundación, el objetivo es la contención de los niños y velar por su salud hasta que la Justicia determine quién se hará cargo de su guarda y protección.

Las puertas están abiertas para los bebés y niños judicializados que por intervención del Estado y la Justicia son separados de sus padres. Vestimenta, alimentos, juegos, educación, esparcimiento, una cama y el cariño de las docentes, médicas y enfermeras compensan –en cierta medida- son el medicamento diario que se les brinda para calmar la herida de la falta de hogar. 

Ofelia lleva 30 años trabajando en el Casa Cuna y hace 16 que está a cargo del Hogar. Cuenta que ha visto pasar miles de niños y situaciones problemáticas. Pero los trabajadores no están para juzgar, solo dar, darles amor y contención a los bebés y niños que juegan con sus andadores y muñecos en los pasillos de la institución o en cada de sus habitaciones. A diario, un grupo de profesionales integrados por psicólogos, asistentes sociales, médicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, maestras, enfermeros, nutricionistas, pediatras, operadores y voluntarios velan por la salud de los niños. El lugar cuenta además con una guardia policial las 24 horas. 

La problemática social y familiar fluctúa y al momento de la visita de LA GACETA unos 32 bebés y niños se albergan en el Casa Cuna. Pero hay momentos donde la demanda los sobrepasa y el corazón los obliga a buscar espacios y desdoblar esfuerzos. Humacata dice que en algunas situaciones contuvieron hasta 53 niños. 

Además del Casa Cuna existen otros hogares del Estado como el Rosa Niño, Casita Feliz, Niño Jesús y otras casas para adolescentes de 13 a 17 años. 

Vulnerabilidad y problemáticas sociales

Los juguetes y la atención del grupo de especialistas alejan a los niños judicializados e intentan darles un mejor entorno y calidad de vida a una corta vida que está marcada por la ausencia de papá y mamá. 

En diálogo con LA GACETA el secretario de la Niñez y Familia, Rodrigo Fernández, contó que no existen causas exclusivas pero cualitativamente entre ellas se desprenden el maltrato, abusos sexuales, situación de abandono, trabajo infantil, comercialización de drogas y adicciones, padres ausentes y violencia familiar como las principales causas por las cuales los niños son alejados de sus padres y son asistidos en los hogares del Estado, a la espera de una familia sustituta o que sean restablecidos al entorno más directo, si es que existe esta posibilidad.

Es que cuando un niño es alejado de su hogar, los magistrados y los profesionales que intervienen en cada caso realizan un estudio sobre las condiciones en las que vivía el menor y las posibilidades de regresar a su familia. “En los casos de los niños judicializados siempre se busca como primera alternativa no separarlos de la familia y la primera opción son los abuelos o tíos, para no cortar los lazos pero hay situaciones donde hasta el mismo entorno directo puede resultar problemático y se buscan otras alternativas”. 

Agrega que en este contexto un alto porcentaje de los niños son entregados a sus familias pero en hogares alternativos. En el menor número de los casos regresan a sus padres luego de superar el conflicto con la ley. 

Los tiempos de la Justicia

Muchas veces son cuestionados por tardíos y a eso se refiere Fernández. Explica que desde que un bebé recién nacido o niño es separado de su hogar, la Justicia y las autoridades intervinientes tienen un plazo máximo de 180 días para resolver si el menor será entregado a una familia sustituta, si su guarda será encomendada a familiares directos o regresan a sus padres. 

Cada caso es particular y, a veces, se necesita una intervención por la fuerza para retirar a los niños de sus situaciones de vulnerabilidad y resguardarlos. Luego, el proceso judicial que determina las acciones que serán tomadas. Mientras, las víctimas en situación de emergencia son contenidas por los especialistas de los hogares del Estado. “Es un proceso que puede tomar hasta seis meses donde se evalúan las condiciones dispuestas por la Justicia y se hace un estudio exhaustivo de las posibilidades para que el menor regrese a su hogar o encuentre padres sustitutos”, dice el funcionario. 

Pero la problemática emerge también de la poca disponibilidad de padres sustitutos que se inscriben y pueden cumplir los requisitos para recibir la guarda de un niño. Según Rodrigo Fernández, “en toda la provincia solo hay tres familias interesadas en ser padres sustitutos”, es decir apenas el 1% de la muestra total de 250 bebés, niños y adolescentes judicializados. 

La vulnerabilidad pareciera hacerse excluyente para los más jóvenes porque “los pocos interesados o quienes realmente cumplen todos los requisitos para ser padres sustitutos manifiestan su interés de la tenencia de un recién nacido o un niño de hasta seis años”, cuenta el funcionario.

El caso Thiago, una herida a los programas de familias responsables

En pocos días más se conocerá la sentencia a Víctor Sánchez y Patricia Sánchez, los padres sustitutos acusados de la muerte de Thiago y el intento de homicidio de su hermana mayor, L.L.M. 

El matrimonio había accedido a la tenencia de los menores y sus dos hermanos mayores porque los padres biológicos tienen conflictos con la ley. Habían cumplido todas las instancias y a fines de 2013 la Justicia entregó a los hermanos al matrimonio. Las lesiones y el estado de salud que le causaron la muerte al niño de cuatro años y serias lesiones a su hermana mayor pusieron un alerta sobre el funcionamiento y el control de los profesionales que deben velar por la salud de los niños. En el caso, además de los padres sustitutos, tres psicólogas del ex Ministerio de Derechos Humanos están acusadas de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. 

Consultado sobre esta situación –y teniendo en cuenta el paso de Thiago y L.L.M. por los hogares del Estado- desde la Secretaría de la Niñez aseguraron que “golpeó mucho” y obligó una profunda revisión del programa de “fortalecimiento familiar” y las actuaciones. 

Fernández concluyó que “el caso Thiago golpeó mucho a la sociedad y en especial a los programas de familias sustitutas. Desde la muerte del menor se ha trabajado en brindar un mayor control en las obligaciones y supervisión de los equipos interdisciplinarios que están a cargo de los niños. También se ha incorporado más tecnología para crear una base de datos donde se puede hacer un seguimiento de cada caso”, concluyó.