Hubo nueve amenazas de bomba en Salta, en lo que va del año

Tres jóvenes están detenidos por las llamadas que causaron pánico. A nivel país se abrieron más de 120 causas.

12 Oct 2017 6

Tres amenazas de bomba en instituciones educativas y otra en la Terminal de Ómnibus de Salta instalaron el debate de las penas a los responsables y el alto costo de los operativos de prevención, evacuación y rastreo de explosivos. 
Cinco llamados al 911 alertaron ayer que habían explosivos en la Terminal, en la Escuela Técnica ENET 2, el ex Colegio Nacional y en la Scalabrini Ortiz. Cortes de tránsito, el ingreso de Bomberos, Policía, de agentes municipales, el rastro de explosivos, negocios cerrados y vecinos en pánico fueron la postal de un día agitado. 
Los llamados se sucedieron en pocos minutos ayer a la mañana mientras se daba cuenta que había una convocatoria nacional de llamadas al 911 por amenazas de bomba o bromas de mal gusto, como las calificaron desde la Policía de Salta. 
Las primeras detenciones se concretaron antes del mediodía cuando la Brigada de Investigaciones detectó a dos alumnos del Nacional como los responsables de la falsa alarma, para perder minutos de clases. Una picardía que causó miedo y derivó en un nuevo operativo. Los jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos en las instalaciones del colegio, quedaron a disposición de la Justicia y se les abrieron causas penales por el delito de intimidación pública por amenaza de bomba, penado entre dos y seis años de prisión. 
Esta mañana, cerca de las ocho, fue detenido el joven señalado como el responsable de la falsa alarma en la ENET 2 de la calle Tucumán. Las clases fueron suspendidas y muchos padres debieron pedir permiso en sus trabajos para retirar a sus hijos. A las pocas horas la fuerza aseguraba que ya había identificado al responsable, un joven de 17 años, domiciliado en barrio San Remo, en la zona sur de la capital salteña. 
El delito en números
Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a LA GACETA que este año se registraron nueve llamados al Sistema de Emergencias 911 por amenazas de bomba. 
De ellos, ocho se registraron en la capital de la provincia. De hecho, cinco se concretaron ayer desde un teléfono público de la calle Sarmiento al 500, para el caso de la amenaza en la Terminal, y otros desde celulares. 
El restante se registró la semana pasada cuando una llamada alertó que habían explosivos en un banco de de Tartagal. El edificio fue evacuado en esa ciudad, pero el operativo no fue tan amplio como los que se llevaron adelante ayer en la capital salteña. No hubo cortes de calle y las personas caminaban a pocos metros de la entidad bancaria donde se había alertado que había un explosivo, que finalmente no se encontró. 
A nivel nacional los casos preocuparon porque en todo el país se iniciaron más de 120 causas por las falsas amenazas de bomba, dos de ellas se abrieron en Salta.
En números reales, solo este mes se registraron 3.000 llamados en la ciudad de Buenos Aires mientras en Salta hubo nueve en todo el año. Pero desde la Policía pusieron hincapié en el delito que prevé penas de dos a seis años de prisión y el gasto que representa movilizar los recursos humanos y materiales. 

Tres amenazas de bomba en instituciones educativas y otra en la Terminal de Ómnibus de Salta instalaron el debate de las penas a los responsables y el alto costo de los operativos de prevención, evacuación y rastreo de explosivos. 

Cinco llamados al 911 alertaron ayer que habían explosivos en la Terminal, en la Escuela Técnica ENET 2, el ex Colegio Nacional y en la Scalabrini Ortiz. Cortes de tránsito, el ingreso de Bomberos, Policía, de agentes municipales, el rastro de explosivos, negocios cerrados y vecinos en pánico fueron la postal de un día agitado. 

En lo que va del año hubo nueve llamados por amenazas de bomba en Salta.

Los llamados se sucedieron en pocos minutos ayer a la mañana mientras se daba cuenta que había una convocatoria nacional de llamadas al 911 por amenazas de bomba o bromas de mal gusto, como las calificaron desde la Policía de Salta. 

Las primeras detenciones se concretaron antes del mediodía cuando la Brigada de Investigaciones detectó a dos alumnos del Nacional como los responsables de la falsa alarma, para perder minutos de clases. Una picardía que causó miedo y derivó en un nuevo operativo. Los jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos en las instalaciones del colegio, quedaron a disposición de la Justicia y se les abrieron causas penales por el delito de intimidación pública por amenaza de bomba, penado entre dos y seis años de prisión. 

Esta mañana, cerca de las ocho, fue detenido el joven señalado como el responsable de la falsa alarma en la ENET 2 de la calle Tucumán. Las clases fueron suspendidas y muchos padres debieron pedir permiso en sus trabajos para retirar a sus hijos. A las pocas horas la fuerza aseguraba que ya había identificado al responsable, un joven de 17 años, domiciliado en barrio San Remo, en la zona sur de la capital salteña. 

El delito en números

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a LA GACETA que este año se registraron nueve llamados al Sistema de Emergencias 911 por amenazas de bomba. 

De ellos, ocho se registraron en la capital de la provincia. De hecho, cinco se concretaron ayer desde un teléfono público de la avenida Sarmiento al 500, para el caso de la amenaza en la Terminal, y otros desde celulares. 

El restante se registró la semana pasada cuando una llamada alertó que habían explosivos en un banco de de Tartagal. El edificio fue evacuado en esa ciudad, pero el operativo no fue tan amplio como los que se llevaron adelante ayer en la capital salteña. No hubo cortes de calle y las personas caminaban a pocos metros de la entidad bancaria donde se había alertado que había un explosivo, que finalmente no se encontró. 

A nivel nacional los casos preocuparon porque en todo el país se iniciaron más de 120 causas por las falsas amenazas de bomba, dos de ellas se abrieron en Salta.

En números reales, solo este mes se registraron 3.000 llamados en la ciudad de Buenos Aires mientras en Salta hubo nueve en todo el año. Pero desde la Policía pusieron hincapié en el delito que prevé penas de dos a seis años de prisión y el gasto que representa movilizar los recursos humanos y materiales. 

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