Legisladores cruzan opiniones sobre el decreto que recorta el gasto público en Salta

Todo depende del cristal con el que se lo mire. Eso queda claro de los análisis que realizaron distintos legisladores del decreto publicado ayer en el que se detalla una serie medidas para concretar un estricto plan de recorte del gasto público. Las medias, según el legislador que las analiza, pueden ser tomadas como de optimización, austeridad o de brutal recorte.

Los lectores que no conocen cuáles son esas medidas, pueden pasar primero por la nota que publicamos como primicia; también puede ser útil otro artículo en el que se destacan los cinco puntos que más repercutirán en corto plazo en los organismos del estado.

 El decreto, según el Frente para la Victoria

“Juan Manuel Urtubey está yendo en la misma sintonía que el gobierno nacional y creo que se equivoca”, afirmó el diputado Ramón Villa. El legislador del Frente Ciudadano para la Victoria sostuvo: “estos ajustes los veníamos palpando en el ambiente. Desde hace meses venimos planteando que es importante apostar al recurso humano por cuestiones importantes en Educación y Salud pública. Ahí no se puede reducir el recurso humano porque los vecinos lo necesitan”.

El diputado del Departamento Rivadavia afirmó además que avanzar con estas políticas de ajuste “acrecienta la crisis social” y remarcó que esto marcará una antesala de protestas y manifestaciones porque se asemeja “al achique del Estado que se produjo en la última gestión de Juan Carlos Romero”.

 El decreto, según el oficialismo

El diputado Matías Posadas dijo que la medida le parece positiva, porque el camino para ajustar las cuentas no tienen que ver con afectar servicios esenciales del estado: “No afecta a empleados de planta permanente, no afecta ningún servicio. Son medidas de austeridad hacia los funcionarios públicos. Desde el congelamiento de sueltos, uso de celulares, vehículos oficiales… Es adecuado que el reordenamiento, o ajuste, como se denomine, apunte a ese sector y no a otro”, dijo.

El legislador del Frente Plural dijo que la reestructuración del 20% menos de personal apunta solo a la cantidad de agresores y cargos políticos. “Si hay que elegir por donde reorganizar, me parece que es el lugar indicado para hacerlo. No se toman medidas que afecten la salud o las escuelas. Es correcto que se den señales de austeridad”, enfatizó.

Uno de los puntos invita a otros municipios y poderes del Estado a imitar estas medidas. Posadas se mostró de acuerdo con esto. “Me parece que sería un buen mensaje que se acompañe con medidas que estén en este sentido, para que la reorganización de los gastos no implique ajustes en los servicios esenciales".

El decreto, según el saencismo

“Este decreto responde a la realidad económica que atraviesa la provincia y al apoyo brindado al acuerdo firmado con Nación”, enfatizó el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, José María García Salado. En diálogo con LA GACETA el funcionario remarcó que esto además “es consecuencia del desfasaje económico que arrastra la provincia desde hace años”.

García Salado aseguró que el municipio también hará adecuaciones en lo que respecta al ‘achique del estado’, pero el “ajuste no pasará por el personal”. “Gustavo Sáenz garantizó la estabilidad laboral y por eso estamos analizando a dónde se realizarán los achiques”, agregó.

El titular de la cartera política de la Municipalidad sostuvo que la mejora financiera de la ciudad de Salta se alcanzó teniendo en cuenta la previsión de los gastos a sabiendas que la Provincia dejaba de enviar los fondos que disponía la gestión de Miguel Isa. “Eso nos llevó a gestionar deudas impagas y a percibir tributos que no estaban ingresando a las arcas estatales”.

El decreto, según el PO

Claudio del Plá, diputado del Partido Obrero, fue especialmente crítico. “El recorte de gastos golpeará a los empleados públicos y a la calidad de los servicios. Es una extorsión a los trabajadores para que acepten un gran sacrificio, incluso perder sus empleos, de un gobierno que no rinde cuentas, que tomó una enorme deuda en dólares para hacer obra pública pero solo destinó un 35% a ese fin. Un gobierno que perdonó 300 millones de canon a Olmedo por Salta Forestal y que acaba de mandar a la legislatura una ley ómnibus que multiplica los beneficios a las empresas; que acaba de firmar un pacto fiscal que compromete un impuestazo en el inmobiliario para cobrar los impuestos conforme al valor de mercado de la vivienda (de 20 a 60 veces mayor que el actual) y la eliminación progresiva de impuestos que pagan las empresas como Actividades económicas ,Sellos y Cooperadoras Asistenciales”, dijo

Asimismo enfatizó que el “recorte del gasto de la política” que se anuncia es un “engaña bobos” y que las únicas víctimas van a ser los trabajadores”. "Las que bancan este ajuste son las grandes empresas que en 20 años de Romero y Urtubey la “levantaron en pala”, ellas son las que deben ser ajustadas”, declaró el diputado Del Plá.

Por otra parte, señaló que el decreto congela sueldos de personal político subalterno que en muchos casos ocupa funciones propias de la planta permanente bajo un contrato de planta política. Y resaltó: “habilita el despido de todo el personal contratado, monotributista, que cumplen funciones propias de los servicios públicos, son centenares solo en el área de Salud, pero los hay en la mayoría de los servicios públicos”.

El legislador del Partido obrero ironizó sobre despedir a quienes no tienen función. “Lo dice un gobierno que colocó como ñoqui en Casa de Salta a sus ex ministros”, dijo.

Finalmente resaltó que el congelamiento de nombramientos en salud y educación puede ser un golpe directo a los servicios necesariamente en expansión, por expansión de la demanda y que la jubilación forzosa de empleados es una condena al hambre. “En salud ganan 45% del activo. Son cientos los trabajadores en condiciones de jubilarse que no lo hacen por esta situación. El retiro no es voluntario porque como ocurriera en el 96´ se extorsiona al que está en planta porque está bajo la amenaza de despidos a futuro”, concluyó.