Acusan a Reynoso de vender la droga secuestrada a través de un bagayero

Conocé la trama oculta detrás de las irregularidades en el manejo del depósito del Juzgado en donde se guardaba la droga.

07 Abr 2018

Raúl Juan Reynoso pasó de estar procesado, detenido y enjuiciado por pedir coimas a narcos a estar investigado y sospechado de vender la droga que secuestraba en los operativos que ordenaba. La figura del ex juez Federal de Orán quedó más manchada con la nueva causa que se sigue en su contra y por la que también están implicados un gendarme y tres empleados del Juzgado.

La investigación se venía desarrollando entre sombras hacía tiempo sobre la base de los primeros rumores que indicaban que durante varios años se habían producido repetidas maniobras irregulares en el manejo del depósito del Juzgado.

A cargo de las llaves del mismo estuvieron el gendarme Gerardo Garrido y los empleados Néstor Conrado Acosta y César Julio Aparicio. Los tres fueron detenidos en los últimos días como presuntos integrantes de una asociación ilícita.

Garrido ingresó a trabajar como custodio del Juzgado Federal de Orán y con los años fue entablando una relación muy cercana con el entonces magistrado, al punto tal de convertirse en una suerte de secretario personal de extrema confianza.

Se trata de la causa FSA 5427/2016 en la que se acumularon varios expedientes y se tramita ante el Juzgado Federal de Salta n° 1, a cargo de Julio Leonardo Bavio. La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Salta y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Aparicio es uno de los imputados junto a Reynoso en la causa que actualmente se encuentra en juicio, como miembros de la asociación ilícita que gestionaba coimas a cambio de beneficios procesales para detenidos por narcotráfico.

Tras el pedido de los fiscales Eduardo José Villalba, Carlos Martín Amad y Diego Iglesias al Juzgado Federal N° 1 de Salta se concretaron las detenciones de Acosta, Garrido y Aparicio, a quienes se les imputaron los delitos de asociación ilícita y peculado incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de estupefacientes agravado por haber sido cometido con la participación de tres o más personas.

Falta droga y apuntan a un bagayero cómplice

Las serias irregularidades detectadas dan cuenta que del depósito de ese juzgado fueron sustraídos más de 11 kilos de cocaína, material que estaba secuestrado de diversos operativos realizados.

A través de testigos, en la investigación se obtuvo valiosa información sobre la irregular mecánica que era utilizada para la recepción del estupefaciente en el Juzgado, su registro y/o guarda, hasta su posterior traslado y quema.

Los testimonios recabados indican que el estupefaciente sustraído habría sido reintroducido nuevamente al mercado ilícito, con el fin de obtener beneficios económicos, de este modo, Reynoso pasaría a ser no solo acusado de pedir coimas sino también de vender droga.


Algunos de los testigos señalaron que Garrido, Aparicio y Acosta “sacaban droga del depósito del Juzgado Federal de Orán, con autorización de Raúl Reynoso, y la entregaban a un bagayero de la zona de Orán”.

Otros relataron movimientos extraños durante los fines de semana, habiéndose visto a Garrido concurrir para retirar objetos del depósito de ese Juzgado. Coincidieron los testigos en que los acusados “disponían de las llaves del depósito del Juzgado de Orán y que entraban y salían llevando la droga secuestrada sin control”.

En busca de comprobar esos dichos, los fiscales cuentan con el informe elaborado por el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del sumario administrativo 1/2016, el que advirtió diversas irregularidades, entre ellas, el procedimiento del retiro del estupefaciente del juzgado para su quema.

Este informe determinó que la droga era individualizada y pesada en uno de los recintos del juzgado por los encargados del depósito Acosta y Aparicio, que la colocaban en “bolsas de consorcio negras precintadas” –o sea fungibles- y que éstos la retiraban del lugar, sustrayéndola de la vista y control de los testigos y personal de Gendarmería presentes, para llevarlas (supuestamente para su resguardo) al cuarto de efectos, a la espera de que Reynoso diera la orden de trasladarlas al Escuadrón de Gendarmería para su incineración.

Detienen a un gendarme en Orán, mano derecha del ex juez Reynoso

Allí es donde aparece el nombre de la secretaria de Reynoso, la abogada Romina Reynoso Sosa. Ella sería la responsable de emitir dos autorizaciones, en la que aparece su firma y sello y la estampa del Juzgado Federal, con el fin de amparar a los encargados del depósito Aparicio y Acosta para que éstos pudieran realizar el traslado o transporte de drogas y secuestros judiciales, objetos de contrabando y otros elementos varios, no sólo en vehículos oficiales sino en sus propios autos particulares.

Esta situación saltó a la vista poco tiempo atrás cuando el Jefe de Aduana de Orán recientemente consultó al actual juez federal de dicha ciudad, si aquella autorización, que databa del 3 de abril de 2012, aún seguía vigente.

La participación de la secretaria Reynoso Sosa en la organización ilícita liderada por el ex juez, ya había sido mencionada por el Ministerio Público Fiscal en otra causa conexa, dado que en el año 2013 la nombrada había fedatado el acta de declaración indagatoria de Delfín Reynaldo Castedo, cuando en verdad éste nunca compareció al juzgado por hallarse prófugo de la justicia -con captura internacional-, habiéndose insertado en dicha acta una firma apócrifa que no correspondía ala del imputado. Vale aclarar que hoy Castedo se halla procesado con prisión preventiva por dirigir una asociación ilícita narcocriminal de características internacionales.

Indagatorias en la próxima semana

La próxima semana se les recibirá declaración indagatoria al ex magistrado Reynoso y a la secretaria del Juzgado Federal de Orán, Romina Reynoso Sosa.

Por su parte, Acosta, Garrido y Aparicio se negaron a declarar en la audiencia celebrada el jueves cuando fueron llevados ante el juez para que ejercieran su derecho de defensa.


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