La comunidad LGBT sostiene su lucha por conseguir un cupo laboral en el Estado

“Nosotras no pedimos riquezas ni tampoco una oficina, queremos igualdad de oportunidades para trabajar”, dice la activista trans, Mary Robles. Es que la comunidad LGBT sostiene su histórica lucha por tener un cupo laboral en el ámbito provincial y municipal. Y, a seis años de sancionada la ley de Identidad de Género, no lo consigue.

En 2016, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley presentado por el diputado Lucas Godoy que establecía un cupo laboral del 0.5% (en principio se había planteado el 3%) en dependencias del Estado provincial. Sin embargo, la iniciativa volvió a Diputados y, según confirmó Gabriela Cerrano del Partido Obrero a LA GACETA, perdió estado parlamentario.

Ahora el bloque presentó una nueva propuesta mientras en el Concejo Deliberante se debate un proyecto de ordenanza que también busca un cupo que garantice trabajo estable y de convenio para personas trans en dependencias de la Municipalidad. El miércoles, a las 10, habrá una nueva reunión.

Que la comunidad LGBT pueda acceder a un trabajo estable es responsabilidad del Estado y su urgencia radica en las estadísticas. Una encuesta realizada en 2016 por Mujeres Trans Argentina – Salta junto al Observatorio de Violencia contra las Mujeres “Roxana Alderete”, la Dirección General de Estadísticas y el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, reveló que el 77% de las mujeres trans, travestis, transexuales o transgéneros salteñas ejercen o ejercieron alguna vez la prostitución. Además, el relevamiento mostró que el 23% restante trabaja en negro.

Un año más tarde, la realidad sigue siendo la misma sumada a su acotada expectativa de vida que, según Mari Robles, llega a los 35 años. “No tenemos una fuente laboral genuina, vivimos como podemos y nuestra única solución es la prostitución. Y por eso siempre somos juzgadas y discriminadas. Lo que le pedimos al Estado es que nos dé garantías y oportunidades”, enfatizó Mary Robles, también referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina.

El proyecto de ordenanza propone un cupo del 3%. “La igualdad de oportunidades debe ser impulsada desde el Estado a través de una política de promoción de empleo para este sector, tanto en el ámbito público como en el privado”, enfatizó la concejal del PO, Cristina Foffani.

Además de la falta de salida laboral, otro dato preocupante que también refleja el informe del OVM es el limitado el acceso al sistema sanitario. De las 202 mujeres encuestadas, el 26% accede a una obra social, el 38% a aportes jubilatorio, el 9 % a seguro de sepelio y el 54% no accede a ninguno. Además, el 67% de las personas trans encuestadas realiza tratamiento de hormonización y solo el 33% bajo control médico. “Parece que nosotras dejamos de ser humanos cuando en realidad somos ciudadanas que tenemos derecho a acceder a una cobertura médicos, a tener aportes jubilatorios y a un trabajo digno”, finalizó.