"Las mujeres y personas gestantes somos sujetos de derecho con autonomía”

Después de que el diputado provincial Andrés Suriani criticara la carta en la que artistas instan a los Senadores Romero, Urtubey y Fiore a que voten por la legalización del aborto, la abogada, especialista en Derecho Penal y profesora de Género y Derecho Penal, Mercedes Cavallo salió al cruce para refutar los argumentos del legislador

La Magister en Derechos Reproductivos señaló que la posición de Suriani puede resumirse en cuatro.

“En primer lugar, el diputado sostiene que la legalización del aborto implica ‘matar a un inocente’ y más tarde afirma que la ‘defensa de la vida desde la concepción está basada en un hecho científico incontrastable y respaldado por las leyes fundamentales’. Ante todo, corresponde aclarar que la palabra “concepción” no es un término científico, sino religioso y/o jurídico. No existe en el desarrollo de la vida humana un momento llamado “concepción.” Existe la fecundación, existe la implantación, pero no existe la concepción. Aclarado este punto, corresponde despejar la confusión que equipara el momento de existencia de un embrión con el momento de existencia de una persona. Un embrión no es automáticamente una persona porque ambas nociones responden a órdenes analíticos distintos. Una persona es una noción jurídica que establece en qué supuestos un ser humano es titular de derechos. Un embrión podría ser persona si el sistema jurídico así lo reconociera, pero este no es el caso de Argentina, ni de la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo occidental, como tampoco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, escribió Cavallo. Y añadió: “El sistema jurídico argentino protege la vida en desarrollo de forma progresiva, estableciendo una diferencia en la valoración de la vida intrauterina vis a vis lo que considera personas (seres humanos nacidos vivos). Esto se refleja en la legalidad de la práctica común de descarte de embriones en clínicas de fertilización asistida, como también en la contemplación de penas diferentes para el aborto y para el homicidio y, por último, en la permisibilidad de abortar en casos de violación, o cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer embarazada. Por su parte, los sistemas Interamericano e Internacional de Derechos Humanos consideran que garantizar el acceso al aborto seguro es una cuestión de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha afirmado la protección progresiva de la vida en el fallo “Artavia Murillo v. Costa Rica.” El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le recomendó a Argentina que acelere los procesos para la adopción de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, como también le recomendó a Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala y Costa Rica, entre otros países, que despenalicen el aborto en todos los casos. En la misma línea lo hizo el Comité de Derechos Humanos a Argentina en 2016. De forma similar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó a México y El Salvador, entre otros, que consideren reemplazar la penalización del aborto por modelos regulatorios compatibles con los derechos fundamentales de las mujeres a la vida, salud y dignidad. Finalmente, el Comité de Derechos del Niño recomendó a Argentina, Brasil, Panamá y República Dominicana, entre otros, la revisión de la legislación y la despenalización del aborto en todos los casos”.

En segundo argumento de Suriani citado por la profesional es el siguiente: “la clandestinidad del aborto no es motivo para su legalización”.

Mercedes Cavallo dice que, una vez aclarado que, tanto para el sistema jurídico doméstico como para el internacional, el feto no es persona, “el aborto inseguro derivado de la clandestinidad y la consecuente mortalidad materna resultan motivos más que suficientes para su despenalización y legalización.” “Pero si la preocupación del diputado es la protección de la vida del feto, puede apoyar medidas regulatorias mucho más efectivas que el derecho penal, como, por ejemplo, la implementación de programas sanitarios para la reducción de la mortalidad materna e infantil, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, concluyó.

“En tercer lugar, el diputado sostiene que el proyecto de despenalización y legalización del aborto aparta “de la discusión sobre aborto al hombre, como si este no hubiese tenido nada que ver en el embarazo”. Ahora bien, el embarazo y potencial aborto ocurren en el cuerpo de las mujeres y personas gestantes. Es simplemente razonable y, sobre todo, respetuoso que sean esas personas quienes decidan sobre su propio cuerpo. De la misma manera que el sistema jurídico nunca podría legitimar que una pareja, padre o tutor obligara a una persona a abortar, tampoco puede legitimar que la obligue a continuar un embarazo. Las mujeres y personas gestantes somos sujetos de derecho con autonomía. El Estado no puede continuar tutelando nuestras decisiones y nuestros cuerpos”, añade.

Finalmente, la especialista en Derecho Penal señala que, en cuarto lugar, el diputado Suriani contrapone hipotéticamente la posición de “una artista que viaja por el mundo” y la de una “madre de familia que lucha por salir adelante junto a sus hijos en un barrio humilde de Salta.” Mercedes Cavallo dice que “esta falsa oposición asume que la madre de familia va a estar en contra de legalizar el aborto mientras que la artista que viaja por el mundo va a estar a favor, cuando en realidad las estadísticas muestran que una enorme cantidad de mujeres que abortan ya tienen varios hijos. Además, esta falsa oposición refuerza la asociación madre-mujer y el estereotipo de madre abnegada, descalificando a las mujeres que se alejan del imperativo de la maternidad y que alzan su voz en contra de la clandestinidad del aborto. En este contexto, más que impedir abortos, los dichos del diputado sólo producen, reproducen y normalizan categorías de género binarias, donde las mujeres somos construidas como meras herramientas para la reproducción humana”.

Por último, Cavallo aclaró que el feminismo, o más bien “los feminismos,” son movimientos diversos, de carácter social y político, que existen desde hace más de 200 años, y cuyo objetivo es nombrar, visibilizar y luchar contra las diferentes opresiones que sufren las personas en razón de su género. “Los feminismos no imponen una “ideología de género,” como describe el diputado, sino que exigen que se nos trate como personas. Y esto es, que, como mujeres y/o personas LGBTQI, no se nos mate, no se nos viole, tengamos el mismo acceso a oportunidades laborales, nos paguen el mismo salario por el mismo trabajo, y, claro, podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos y vidas”, concluyó.