Afirman que los decretos de Urtubey sobre áreas protegidas fueron solo un “acto político”

Un investigador le envió una carta a la ministra Bibini cuestionando diferentes aspectos técnicos del decreto.

06 Jul 2018

El decreto publicado hace un mes en el que el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la incorporación, de aproximadamente, dos millones de nuevas hectáreas como zonas protegidas fue solo “un acto político” para contrarrestar las presiones sufridas por las acusaciones sobre desmontes ilegales en Salta, según el análisis hecho por el investigador Andrés Leake, de la Fundación Refugio.

Un exhaustivo análisis de los decretos 616 y 617 llevaron a Leake a concluir que carecen de fundamentos sociales y técnicos, por lo que le envió una carta a Paula María Bibini, ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, en la que expuso puntualmente sus cuestionamientos.

En diálogo con LA GACETA, Leake apuntó que una de las falencias de los decretos es social porque muchas de las tierras no han sido tituladas, están en disputas conflictivas entre criollos e indígenas en muchos lugares del chaco salteño, por lo que solo vienen a imponer, sin consulta previa, una categorización que se transformará en un nuevo motivo de conflicto.

“Los hechos y el análisis me llevan a pensar que la decisión del gobernador fue solo un acto político que llegó justo en un momento en el que el Gobierno estaba recibiendo muchas presiones por los desmontes”

Para explicarlo, ejemplificó que si un criollo pretende desarrollar ganadería en esas tierras, quizá no pueda hacerlo y eso sería una complicación para la comunidad, aunque en realidad, los decretos ni siquiera prevén ese tipo de circunstancias, lo que constituye otra imperfección.

“Argentina suscribe a un convenio de OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece que cualquier proyecto de esta índole tiene que ser consultado bajo pautas como que las comunidades afectadas tengan la información previa antes de opinar y esto fue totalmente obviado, fue una imposición”, agregó el investigador que desde hace años trabaja la temática recorriendo las zonas en cuestión.

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A modo de ejemplo contó que hay un terreno en Rivadavia Banda sur que incorpora al paraje “La Unión”, que es una tierra en fuerte disputa entre criollos e indígenas por lo que está deteriorada. Es por eso que consideró que “se protegen zonas que no saben en qué estado están”.

Faltan argumentos técnicos ecológicos

Uno de los principales cuestionamientos de Leake es que los decretos son técnicamente deficientes desde lo ecológico: “A nivel regional, la conservación requiere del armado de áreas protegidas interconectadas para que haya un flujo de animales y plantas, debe haber una conexión que se hace por medio de corredores, es un elemento de conservación esencial”, explicó y afirmó que, del análisis hecho de los decretos, no surge esa relación.

Leake detalló que la conservación requiere de grandes superficies pero que los decretos solo apuntan a pequeñas zonas que encima están aisladas. “Van a quedar como placitas y no como un gran ecosistema”, señaló.

Los números no cierran

Lo que también criticó el investigador es que Urtubey afirmó que se duplicaban las hectáreas protegidas cuando la superficie bruta declarada y los sustentos técnicos no son suficientes como sostener esa afirmación.


Territorios afectados por los decretos, según Fundación Refugio 

“Muchas de las matrículas caen en áreas amarillas que no pueden estar sujetas a deforestación total, mientras que otras se superponen con áreas rojas, como algunas de Anta en el parque nacional Pizarro o los lotes 14 y 55 en el Pilcomayo. “Si hilvanamos fino, hay que descontar esas áreas porque ya están protegidas”, indicó.

Un “acto político”

Si bien Leake destacó que la intención del Gobierno es buena, remarcó que debería sostenerse desde lo ecológico y de una comprensión real de la situación social.

“Los hechos y el análisis me llevan a pensar que la decisión del gobernador fue solo un acto político que llegó justo en un momento en el que el Gobierno estaba recibiendo muchas presiones por los desmontes”, consideró.

La carta la envió el miércoles y hasta el diálogo con este medio no había recibido respuesta, aunque afirmó que sabe que va a llevar tiempo.


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Salta Juan Manuel Urtubey
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