Los funcionarios acusados de estafas en la entrega de lotes quedaron libres de culpa

La Justicia de Salta absolvió por beneficio de la duda a los seis imputados por asociación ilícita y exacciones ilegales en Tierra y Hábitat.

04 Dic 2018
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Juicio por estafas en la entrega de tierras. Foto Fiscales penales

Finalizó ayer el juicio contra ex funcionarios y ex empleados de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat del Gobierno de la provincia: todos los acusados de estafas y manejos irregulares en la entrega de terrenos en Parque La Vega quedaron libres de culpa en los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas, por el beneficio de la duda.

Con votación en disidencia, los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio dictaron sentencia para los seis imputados, entre ellos el ex titular de la subsecretaría Diego Barreto, quien estuvo un año y medio en la cárcel y luego, a fines de 2017, fue beneficiado con el arresto domiciliario.

En primer lugar, y por unanimidad, Roberto Martín Nellessen y Víctor Diez Tizón fueron absueltos.

Luego, y con voto mayoritario de los jueces y una disidencia, Barreto fue absuelto de los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos) en concurso real, por aplicación del beneficio de la duda. Así, recuperó su libertad una vez finalizada la audiencia.

También Esteban del Corazón de Jesús Clemente, Marcela Martínez y Nelson Horacio Salazar fueron absueltos por el beneficio de la duda de los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas y simples.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte (presidente), María Victoria Montoya Quiroga y Bernardo Ruiz (vocales).

La causa se inició el 5 de febrero de 2016, a raíz de numerosas denuncias de vecinos por manejos irregulares en la entrega de terrenos que se hacía a través de Tierra y Hábitat en el barrio Parque La Vega.

Por otra parte, el fallo realiza una condena especial a Barreto: durante el término de tres años queda inhabilitado de ejercer cargos en la función pública por el delito de concusión (exigencia de pagos corruptos).

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