Revés para el Gobierno: ¿qué definió la Corte y qué jubilados se benefician con su fallo?

1. ¿Qué definió la Corte en su reciente fallo?

La decisión de la Corte Suprema sobre qué índice debe usar el Estado para actualizar las jubilaciones responde a un caso puntual, el de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en el 2003. Pero este caso marca de qué manera deben actualizarse los haberes de los jubilados que iniciaron juicios antes de agosto de 2016.

En 2009, la Corte dictaminó, en el fallo Elliff, que debía emplearse el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic). En 2016, el Gobierno de Mauricio Macri resolvió que pagaría sentencias con la actualización de Ripte, sigla de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.

En concreto, se define la fórmula en la que debe calcularse el haber inicial. Existe un bache entre 1995 y 2008, cuando entró en vigencia la ley de Movilidad. Para suplir la evolución de la remuneración en ese periodo de tiempo, la Justicia usaba el Isbic. Según consignó Clarín, en esos trece años, el Isbic trepó 435%, mientras que el Ripte se incrementó 178%.

2. ¿A quiénes beneficia un fallo a favor del jubilado?

Principalmente a Blanco, claro. Según su abogado, Gabriel Greizerstein, el haber de Blanco al jubilarse representó el 41% de su salario como trabajador activo. Actualizarlo con Ripte, como pretende Anses, implica elevarlo al 46%. Con Isbic, ese haber inicial trepa al 59%. Esto último es lo que convalidó el fallo de Cámara y que la Corte ratificó.

Pero también sienta un precedente para todos los que iniciaron juicios hasta agosto de 2016. Según estimaciones judiciales, hay 150.000 expedientesen las distintas instancias de tribunales. La Corte tiene casi 12.000 casos, de los cuales 7000 serían análogos al de Blanco. Estos últimos saldrían con sentencias favorables en poco tiempo. El resto deberá sortear las instancias y las apelaciones de Anses.

Según la Defensoría de la Tercera Edad, un haber actualizado con Isbic puede ser entre 30 y 50 por ciento más alto que uno ajustado por Ripte.

3. ¿Qué pasa con los jubilados que aceptaron la Reparación Histórica?

Según trascendió, el Gobierno teme que la Corte se pronuncie de manera tal que eche por tierra la ley de Reparación Histórica. Pero el artículo 6 de esa norma dispone que los jubilados que aceptaron la oferta de Anses renuncian a cualquier reclamo judicial. "Una vez homologado judicialmente, el acuerdo transaccional tendrá efecto de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso judicial", dice la ley.

Según datos de Anses, a octubre había 120.000 casos pendientes de aceptación, a los que se les dejó de pagar el haber actualizado. "La Reparación Histórica aumentó los haberes, en promedio, 4000 pesos. Cuando el jubilado no lo cobra, se da cuenta y va a la Anses" a terminar el trámite, explicaron entonces fuentes del ente previsional.

Entonces, quienes no tengan un acuerdo homologado deberán optar por aceptar la oferta de la Anses (es decir, un haber actualizado por Ripte y, en algunos casos, sin retroactivo) o iniciar o continuar el juicio. El proceso judicial demora años: Blanco inició su expediente hace más de una década.

4. ¿Cuál es el impacto en las cuentas públicas?

Hace un mes, el 12 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Social emitió una resolución en la que advirtió que actualizar las remuneraciones con el índice Isbic "atenta contra la sustentabilidad del sistema" previsional.

En su momento, el Gobierno estimó un impacto de $100.000 millones al año en las cuentas de la Anses, que tornarían al sistema previsional aún más deficitario.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron a TN.com.ar que el fallo de la Corte en contra del Gobierno no pondría en riesgo las cuentas públicas ni el objetivo de déficit cero previsto para 2019.

Primero, porque las sentencias tardan meses en pagarse, ya que deben activarse las burocracias judicial y de la Anses. Segundo, porque cada expediente debe transitar las instancias correspondientes.

Según abogados previsionalistas, el impacto en el Presupuesto comenzará a notarse recién en 2021, y será acotado en términos relativos, en función del gasto corriente del ente previsional.

En principio, el Presupuesto 2019 contempla una partida de $34.538 millones para pagar 40.000 sentencias judiciales a jubilados.