La muerte de Mirna Antonella, el rol del Estado y los sueños de supervivencia

"Nuestra venganza será llegar a vieja", sostienen los carteles en las marchas trans en donde también indican: "la violencia machista nos mata". 

La frase adquiere otra fuerza horas después de que Mirna Antonella Di Marzo muriera en el hospital San Bernardo tras tres meses y seis días de agonía: Había sido golpeada de la manera más brutal que se pueda imaginar un 21 de octubre en General Güemes.

Hay hechos policiales que, de alguna manera, muestran una sociedad. Hechos concretos y particulares que nos permiten ver más allá y por eso nos interpelan. El transfemicidio de Mirna Antonella fue uno de esos casos. Y no es una excepción: el promedio de vida de las personas trans que murieron en 2018 es de 36 años. 

Murió Antonella Di Marzo y Salta suma un nuevo femicidio

“La muerte de Antonella en Güemes, nos obliga como sociedad a seguir hablando de las personas trans y sus proyectos de vida dignos. Trabajar para el diseño y ejecución de políticas públicas, sin dar lugar a aquellos que dicen que en las escuelas se enseña ´ideología de género´, a aquellos que no quieren que se hable de la diversidad toda. Vamos a seguir enseñando la Educación Sexual Integral en todos los ámbitos, porque allí nos encontraremos con sujetos y sujetas de derechos. Hay que hablar para que sepamos cómo son nuestras tramas, nuestras vidas, nuestros entornos....y no vernos como una historia de página amarilla y policial”, escribió en su cuenta de Facebook Victoria Liendro, coordinadora del área de Diversidad Sexual de la Provincia. 

“Queremos que las futuras generaciones de mujeres y varones trans, crezcan con proyectos de vida, acompañados por sus entornos (escuela, familias, lugares) y no expulsados de ellos. Justicia por Antonella, fue un trans- femicidio”, añadió.

Foto ilustrativa

María Pía Ceballos es activista y militante trans de Mujeres Trans Argentina. Directora del OVCM y referente del Frente Feminista Queer Seamos Libre. También Vice-presidenta de la multisectorial de mujeres Salta e Integrante de la Cátedra Lohana Berkins de la Universidad Nacional de Salta.

Opina que en Salta no hubo avances para las chicas trans. “Los pasos que se dieron no fueron significativos para mejorar la calidad de vida de este colectivo. La situaciones de discriminación, violencia, represión y exclusión sigue siendo moneda corriente en las vidas de las travestis trans”. Resalta que desde la sanción de la Ley Nacional de identidad de género N° 26.743, se debe garantizar el acceso a los derechos de la población trans, entre ellos, el cambio registral para la adecuación de su documento, la confidencialidad, el derecho al libre desarrollo personal garantizando el goce a la salud integral, el trato digno y  la aplicación efectiva del Articulo 13 Ley N° 26743 que establece “Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo”, este artículo como los otros son desconocidos por las instituciones y vulnerados por algunos de sus integrantes, entonces nos encontramos con espacios públicos que maltratan y violentan a la comunidad trans, por ejemplo este fin de semana la comisaria segunda realizó un procedimiento violento donde se detuvo a una menor de edad de manera arbitraria privándola de la libertad y no reconociendo su identidad de género. Hoy recuperó su libertad e iniciaría la denuncia contra los efectivos violentos.

Pía también señala: “Existe el odio al colectivo lgbtiq que  se potencia con discursos de los grupos antiderechos, quienes abonan a la violencia con un relato violento en contra de nuestras identidades y fomentando el odio, la criminalización, persecución y golpes que llevan a muerte simbólica y material por nuestras identidades”.

“Existe una campaña política y partidaria con los que ellos llaman “ideología de género” “con mis hijos no te metas”, es un claro mensaje en contra de la diversidad sexual. El derecho de las personas a determinar su género u orientación sexual es visto por los militantes evangélicos y católicos como un intento de usurpar el poder de la creación de dios y desafiar los limites impuesto por la hegemonía de la divinidad. Por el contrario a este posicionamiento alienta el odio hacia nuestras vidas. Eso debe parar porque el feminismo y las teorías de género buscan la libertad política para vivir en un mundo más equitativo, igualitario, habitable, porque somos seres humanos, ciudadanas y ciudadanos y tenemos derechos”, dijo.

Asimismo, señala que el gobernador firmó un plan de ciudadanía lgbtiq+ en el año 2013, y desde allí hasta ahora solo tenemos un área de diversidad sexual (2017) dentro de la subsecretaria de género del Ministerio de Gobierno, DDHH y Justicia. No cuenta con presupuesto propio más allá de las personas contratadas, con equipo interdisciplinario, no tiene programa específicos, porque el problema de las políticas públicas de la diversidad sexual no tiene presupuesto real, o muchas veces no hay voluntad política como para aprobar y avanzar con la inclusión laboral trans, un cupo laboral trans cuestionado por la derecha y los grupos religiosos. “Esta ley es necesaria como política afirmativa para mejorar la calidad de vida de la comunidad trans en términos de derechos, ciudadanía  y de reparación a los años de violencia y abuso policial que aun hoy siguen vigentes  y son lo –código contravencionales-“, dijo y añadió que “los diputados y senadores deben aprobar con fuerza esta ley para incluir al sector más vulnerado históricamente por el estado la población que el año pasado cobro la vida -travesticidios social- de 11 compañeras trans de Salta (informe del OVcM 2018)”.

Señala, finalmente, que todo esto se agrava  en los municipios de la provincia, donde vivir una orientación o identidad de género diferente a la binaria es condenatoria de exclusión y destrucción social. “Como fue en el municipio de la ciudad de Salta que ingresando el actual Intendente eliminó la Dirección de Diversidad, y este año tienen la intención de habilitar solo un programa de empleabilidad pero sin el compromiso de contratar personas trans en las diferentes espacios municipales”, dijo.

¿Pensás que el gobierno está haciendo algo para frenar este tipo de violencia?

Respuesta de Pía Ceballos: “El gobierno hace pero es poco porque nos morimos como moscas. En Junio del año 2017 inaugura por primera vez en la historia de la administración y de los gobiernos provinciales un espacio a la Diversidad sexual, celebramos ese espacio pero criticamos que no cuente con presupuestos, con programas, con campañas permanentes para erradicar la discriminación y violencia hacia el colectivo lgbtiq. Y si  hay  buena intención de lxstrabajadorxs  pero no voluntad política con poder para intervenir en los presupuestos reales y efectivos para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia… Desde el OVCM venimos presentando desde el año 2016 informes y recomendaciones a favor de los derechos de la población trans, muchas de estas recomendaciones, son líneas de políticas públicas para erradicar la violencia y no son tenidas en cuenta, la torta se parte pero ni migajas para las trans, ya que somos ubicadas en la marginalidad y sin valor humano. Nos les importa que no accedamos a los derechos básicos como estudiar, trabajar o tener una vivienda digna. Solo con políticas públicas afirmativas el estado logrará reparar años de desidia, exclusión y permitirá la protección y aplicación de los derechos humanos de la población travesti trans. Tenemos que avanzar a una sociedad igualitaria, con valores, con democracia, con derechos humanos para todos no para unos pocos”.

Mary Robles, coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero, vertió, duras críticas contra el Gobierno provincial: “Todo lo que hay es activismo y genérico debido a nuestra lucha…el asesino de Mirna está preso por la presión de la comunidad sino todavía estaría libre”

También sostuvo que el Observatorio de Violencia está con las manos atadas por falta de políticas públicas: sus militantes están silenciadas o no tienen injerencia ante este gobierno. “Y no hay voluntad política”, acotó.

Robles aprovechó el contexto para hablar del cupo laboral trans y remarcó que nadie mostró interés y por eso están al borde de la indigencia en un desamparo total.

Están peleando. Quizá ya no para ellas, sino para que las futuras generaciones estén mejor. Para que el cartel con la frase que sostienen en las marchas se acerque, al menos un poco, a hacerse realidad.