Antenas en la ciudad: una deuda pendiente que deberá resolverse en 2019

El año pasado los concejales de la ciudad no lograron consensuar cambios en la normativa.

18 Feb 2019

En 2018, el Concejo Deliberante de Salta quedó con una deuda pendiente de cara a los vecinos: la aprobación de una norma que regule la instalación y mantenimiento de las estructuras soporte de antenas para la telefonía móvil y la radiocomunicación. El tratamiento de este tema no solo no llegó a buen puerto, también fue motivo de acaloradas discusiones entre ediles y vecinos.

El pasado 29 de agosto la discusión parecía haber terminado. El Concejo Deliberante aprobó en general un proyecto de Ordenanza y sus primeros cuatro artículos, pero después la sesión se levantó por falta de quorum y el proyecto nunca obtuvo aprobación definitiva. Una semana después, los representantes vecinales dieron marcha atrás sobre sus pasos: aplazaron el tratamiento en particular del proyecto y anunciaron la creación de una comisión especial para encargarse del tema.

“Me hubiera gustado que este tema salga con el apoyo de todos los bloques”, afirmó Mónica Torfe.

Ese equipo, que conformaron dirigentes de los distintos bloques, tenía el objetivo de analizar “la instalación de estructuras soportes de antenas de telecomunicaciones y telefonía celular”, proponer cambios y elevar un nuevo proyecto. El periodo ordinario de sesiones terminó sin novedades al respecto.

“Me hubiera gustado que este tema salga con el apoyo de todos los bloques. Durante dos meses trabajamos a fondo entendiendo que es una necesidad para miles de vecinos”, afirmó Mónica Torfe y lamentó que no se haya llegado a un acuerdo porque eso evitó que las empresas de telecomunicaciones realicen las inversiones necesarias en la ciudad.

En diálogo con LA GACETA, la concejal expresó que el año pasado el proyecto no pudo aprobarse por “mezquindades políticas” y remarcó la necesidad de tener un debate sincero entendiendo que la competencia municipal solo se enfoca en los soportes de las antenas y no en la instalación de las mismas, porque eso es competencia nacional.

Desde la otra vereda, Claudia Serrano aseguró no estar a favor de la proliferación de antenas en Salta y detalló que la ciudad debe contar con normativas que obliguen a las empresas realizar fuertes inversiones para instalar equipamiento de bajo impacto que no resulten perjudiciales para la salud.

“Hay muchos vecinos perjudicados por los incumplimientos en los niveles de potencias o los límites, y eso no puede suceder”, sostuvo la edil.

La polémica despertó un fuerte reclamo vecinal

“No estamos en contra de las antenas, pedimos que se instalen más pero bajo ciertos parámetros”, expresó Mariela de barrio Chachapoyas.

En diálogo con este medio, la vecina enfatizó que la normativa que intentó aprobar el Concejo Deliberante iba en “detrimento” de los salteños. “Hay muchos derechos vulnerados. Ellos se habían comprometido a regular las potencias pero después no respetaron su palabra. Por eso pedimos que se incluya el concepto de inmisión, se garantice un control local además del que realiza Enacom y estipulen sanciones razonables para las empresas que no cumplan”, detalló.

A los reclamos de barrio Chachapoyas, se sumaron una veintena de barrios más. En 20 de febrero y en villa María Esther aseguran que la detección de enfermedades cancerígenas sorprende en las viviendas cercanas a las antenas instaladas

¿Cuántas antenas funcionan en Salta?

Durante la discusión de este tema en el cuerpo deliberativo Alberto Castillo, uno de los impulsores de la normativa, informó que en la ciudad de Salta funcionan 109 antenas y a pesar de las denuncias de los vecinos no se evidencian afecciones en la salud por estos equipos.

“Desde hace 18 años hay una normativa que permite la instalación de antenas en la ciudad, y vale aclarar que la Municipalidad no tiene facultad de autorizar su instalación. Enacom (un organismo federal) es quien autoriza la antena, el equipo, la potencia y la frecuencia”, había asegurado y sostuvo que una nueva Ordenanza mejoraría la conectividad para garantizar el correcto funcionamiento de cámaras de video vigilancia, telefonía celular y botones anti pánico que se implementan para casos de violencia de género.

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