El gobierno intervino el IPPIS por decreto

A través del decreto N°271, el gobierno decidió intervenir el l Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (I.P.P.I.S.), que tenía total autonomía.

Según se explica en el mismo decreto, la decisión fue tomada luedo de un informe de auditoría en el que se “detectó numerosas irregularidades en la administración económico-financiera en la mencionada entidad autárquica, consistentes en una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también la falta de Libros contables manuales ni de un sistema de registración financiero-presupuestario”.

Asimismo, el informe prueba que el año pasado y en los primeros meses de este 2019 se entregaron fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que se hubiesen rendido el destino asignado a los mismos, como también el retiro de dinero de la cuenta bancaria “sin asignación específica” y sin intervención del área contable, es decir sin contar con la pertinente orden de pago.

“La auditoría efectuada por la Sindicatura General detectó a partir del año 2017 la emisión de una cantidad determinada de cheques, cuya situación resulta incierta por no encontrarse en sus respectivas chequeras y por no estar registrados en el área contable del I.P.P.I.S., con el agravante de que algunos de dichos títulos fueron presentados para su cobro y debitados de la respectiva cuenta bancaria de la entidad”, se puede leer en el decreto.

La intervención tendrá una duración de tres meses y estará a cargo de una Comisión Interventora y Normalizadora, la que deberá adoptar todas las medidas necesarias para la regularización del ente autárquico.

La comisión Interventora y Normalizadora estará integrada por: Andrés Ramiro Chávez, José Ignacio Campos Bertoldi y Adriana Cantarero, quienes desempeñarán sus funciones en carácter adhonorem y a partir de la posesión de sus funciones.