Con un femicidio cada 30 horas en Argentina, piden la Emergencia de Género Nacional

La organización feminista MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) realizó un informe sobre la situación de las mujeres en Argentina, particularmente en 2019. Solamente en enero 26 mujeres fueron asesinadas por un hombre.

A partir de un relevamiento que pone foco en la violencia contra la mujer, se desprende que 72 mujeres murieron en 2019 y 52 niños o adolescentes quedaron sin madre. El registro de Mumalá también precisa que el 60% de los crímenes fueron cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima.

El proyecto se denominó en redes sociales #EmergenciaNiUnaMenos

Con esos datos como disparador, la agrupación juntó desde febrero más de 70.000 firmas para solicitar, a nivel nacional, la Emergencia de Género poniendo como eje principal 14 puntos en donde solicitan: mayor presupuesto para poder abordar con políticas públicas la problemática; creación de fiscalías y refugios especializados en violencia en todo el país, ayuda económica para las mujeres que no tienen a donde ir y dejan la casa que comparten con un agresor y el cumplimiento de la Ley Brisa y Ley Micaela.

La Ley Brisa, aprobada en julio de 2018, es una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro. Mientras que, la Ley Micaela busca que los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se capaciten en materia de violencia de género.

Hoy, en la primera sesión del año, el Senado de la Provincia dio media sanción a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.499, conocida como ‘Ley Micaela’, dando un paso más para que Salta se una a esta iniciativa Nacional. 

Representantes de organizaciones feministas como Mumalá, fueron recibidas ayer por el presidente del Bloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, y diputados de otras provincias. Allí presentaron el proyecto y comenzaron a buscar adherentes para que se apruebe.

Hoy, en el Congreso Nacional, entró el pedido de “Emergencia Ni Una Menos”, como se denominó el proyecto en redes sociales, entre los temas a tratar en la sesión especial del día. “Esperamos conseguir los votos necesarios para aprobarlo”, dijo Malvina Gareca de Mumalá Salta a LA GACETA.

IMAGEN DE TWITTER @MuMaLaOk

Ley Brisa y Ley Micaela ¿de qué se tratan?

El proyecto gira en torno a aumentar el presupuesto nacional para abordar esta problemática y cumplir con dos leyes que fueron aprobadas en 2018:

La Ley Brisa, aprobada en julio de 2018, es una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro. La reparación, comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida y consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles, y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento en el cual el crimen fue cometido (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma).  El beneficio se extingue cuando las "víctimas colaterales", es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años. La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso "la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos".

Y, por otra parte, la Ley Micaela, aprobada en diciembre de 2018 establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos y abarca a los tres poderes del Estado. La Ley surgió a raíz de un fallo en el cual se absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez y dejó en  evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del estado en materia de género. Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.