Desde la Auditoría General negaron que sus informes estén politizados

Gustavo Ferraris, el presidente de la entidad, habló sobre las últimas auditorías a municipios que generaron un gran revuelo.

08 May 2019

Los últimos informes, publicados por la Auditoría General de la Provincia, generaron más repercusión mediática y política que lo usual. En un año electoral, las observaciones e irregularidades detectadas adquirieron otra magnitud.

Gustavo Ferraris, quien asumió de manera reciente su cargo como presidente de la Auditoría General, respondió preguntas sobre el trabajo que desarrollan los auditores.

- ¿La Auditoría presentó denuncias por las irregularidades en Pichanal y Tartagal? ¿Cuáles son los criterios para que se llegue a hacer una denuncia, qué irregularidades tienen que llegar a detectar?

-La Auditoría no presentó ninguna denuncia en el caso de Tartagal, creo que sobre Pichanal se hizo denuncia el año pasado. La valoración que se hace, una vez concluido el informe, que es el que se publica en la web de la auditoría, se hace un análisis exhaustivo con una óptica legal. Esa óptica legal trata de buscar algún tipo de evidencia, no cualquiera evidencia, sino que sea suficiente, competente y pertinente para que fundamente la obligación de remitir los antecedentes a la justicia. Cuando nosotros en un informe de los municipios detectamos irregularidades, detectamos desprolijidades, falta de funcionamiento de controles internos, no significa que existan delitos. Los problemas que nosotros detectamos son analizados con una óptica financiera, contable, por ejemplo de que tal cuenta no coincide con otra y eso no tiene necesariamente como causa un eventual faltante de dinero, puede obedecer a un montón de razones. En el caso de Tartagal, nosotros habíamos detectado la coexistencia de sistemas informáticos contables, que obviamente trae como consecuencia una falta de sustentabilidad, de fiabilidad de los datos que se extrae de eso. Entonces lo que puede constituir una irregularidad financiera o administrativa no necesariamente constituye un delito, por eso una vez que el informe está publicado hacemos este otro análisis ya estrictamente legal. En la medida que nosotros consideramos acreditadas la existencia de evidencias competentes y relevantes, se hace la presentación.

-En varias auditorías, y esto viene de hace muchos años, en general los municipios no entregan la documentación que les solicitan los auditores. ¿Hay una forma de exigir esa documentación?

-Es buena la pregunta porque uno de los principales problemas que tenemos nosotros y que se traduce en la demora de  los informes, es que muchas veces obtenemos la documentación en el triple de tiempo del necesario. Hay una modificación, que alcanza a todos los municipios, y es que la falta de presentación de la documentación solicitada, va a ser causa de mal desempeño y quien cometa esto podría ser removido de su cargo mediante juicio político, en el caso de los intendentes. Ellos tienen la obligación legal de acudir a todos los requerimientos que haga la Auditoría, sea para recibir a una persona en el municipio y abrirle el sistema, ya sea para remitir información que nosotros le pidamos. En muchos casos, no se presentan o se presentan tarde, lo que en algunos casos también justifica el inicio de acciones, porque ellos estarían incumpliendo sus obligaciones de funcionario público. Hay denuncias penales hechas en este sentido, no tiene nada que ver con lo financiero, lo contable, pero sí con este tipo de incumplimiento. Es un tema a mejorar por parte de todos los entes auditados.

GUSTAVO FERRARIS, PRESIDENTE DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

-Otro tema recurrente en las auditorías es la falta de control interno y que hay cierto caos en la gestión de las cuentas públicas. Lo llamativo es que a veces hay intendentes que están hace 12 años, y muestran los mismo errores en el primer año de gestión, como en los últimos. Por qué no hay una mejora, una capacitación, para que esos intendentes lleven mejor sus cuentas.

-Evidentemente es otra falencia del propio auditado, porque nosotros, además de las observaciones que hacemos, generalmente después hacemos recomendaciones para que mejoren. Sin lugar a dudas, el no cumplimiento de esas recomendaciones y por lo tanto la reiteración, vuelve más gravosa la gestión en algunos temas. Ahora, las alternativas a eso son políticas. Es decir, si un intendente mantiene esa conducta, nosotros seguiremos señalando las diferencias y observaciones.

Sí es cierto que no le dan importancia a las recomendaciones de la Auditoría o no les importan, en ambos casos no deja de ser una situación irregular.

Hay problemas de gestión, es bastante general,  hay problemas de informalidad. Hay municipios que limitan con países vecinos y tienen relaciones comerciales con ellos, y en esas transacciones hay problemas. Son muchos problemas, lo que hay que mejorar es mucho.

Nosotros hemos sugerido una redacción de una nueva ley de administración financiera, que nos permita a nosotros controlar en base a las cosas actuales, porque muchas quedan en desuso y la realidad va mucho más rápido que la legalidad, por eso debemos adecuar normativas, que sea más fácil de controlar. Es un avance que hay que hacer, siempre respetando las autonomías municipales.

-Qué respuesta le da a quienes dicen que ahora la Auditoría está apuntando contra los opositores?

-Hay que descartar eso. Contundente y rotundamente. Desde que el momento que asumo la presidencia dejo en claro que esas cosas no van a pasar. En el caso de Tartagal, es un trabajo que vienen haciendo  hace tres años. Las conclusiones que contiene el informe son conclusiones que han sido trabajadas en algunos casos con gente del mismo municipio. Ellos sabían en qué trabajábamos y los problemitas que habíamos detectado. Por lo tanto, invocar al final de un proceso de tres años, invocar una cuestión política no parece serio. Y a parte las conclusiones ntienen un respaldo documental, científico. Añadir el condimento político, no me parece serio.

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