El secretario privado de un intendente cobraba planes sociales de terceros

El empleado municipal quedó imputado por fraude a la administración pública. Se quedaba con toda la plata.

30 May 2019
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Matías Tomás Antonio Iturre, secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, fue imputado por los delitos de fraude a la administración pública tras comprobarse que, mediante maniobras fraudulentas, cobró beneficios sociales a nombre de terceros.

La investigación comenzó cuando un periodista le preguntó a un vecino por el plan que supuestamente recibía. El vecino, que nunca percibió dichos montos ni beneficio alguno, y que incluso desconoció las firmas insertas en la documentación, presentó la denuncia ante la justicia.

Al conocer que el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, había comenzado la investigación junto a la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, el mismo jefe comunal, Gustavo Solis Mónico, quien pidió que se investigue el hecho e informó que desde la Municipalidad se iniciaron las averiguaciones internas tendientes a verificar la veracidad de lo denunciado.

Al poco tiempo se conocieron los casos de más estafados.

Tras recoger diversas pruebas, los fiscales decidieron imputar a Matías Tomás Antonio Iturre, al acreditar que durante el periodo 2016-2018, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes a su cargo al efectuar maniobras fraudulentas y ardidosas consistentes en presentar copias de documentación personal perteneciente a distintos vecinos de la Comuna de Rosario de la Frontera –sin estar autorizado por éstos para tal fin- a los efectos de solicitar se les efectúe pago del beneficio del Programa Salta Solidaria – Salta Trabaja, sin que el dinero librado por tal concepto haya sido destinado a los supuestos beneficiarios ni la contraprestación laboral fuera efectuada, perjudicando de esta manera los intereses que le habían sido confiados y al erario público. Siendo que para lograr ese cometido se llegó incluso a insertar firmas apócrifas en la documentación que acreditaba el pago del beneficio.


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