El futuro del caso YPF en EE.UU se conocerá el lunes

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolverá el lunes sobre la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), sancionada por la Cámara de Diputados de la Argentina en mayo de 2012. El máximo tribunal norteamericano anunciará el lunes si o bien acepta el pedido argentino y analiza la demanda iniciada por el fondo de inversiones Burford, o bien rechaza el expediente y habilita a los tribunales inferiores a continuar el juicio.

En el recurso de certiorari que presentaron ante la Corte estadounidense, los abogados de la Argentina plantean la falta de jurisdicción de los tribunales de Nueva York. El certiorari es una orden de un tribunal superior a otro inferior para que le remita un expediente con el fin de verificar si en el proceso o la sentencia se ha cometido alguna violación del derecho.

El 21 de mayo, a pedido del alto tribunal de Estados Unidos, el Gobierno de ese país opinó en contra de la pretensión del Estado argentino, que quiere que la demanda se tramite en Buenos Aires. Pocos días después, los abogados que representan a la Argentina rechazaron los argumentos de la Administración norteamericana. Entienden que esta promueve posiciones que “eliminarían la inmunidad soberana por actos de expropiación y ampliarían dramáticamente la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos”.

La definición de la Corte de Washington determinará el futuro del caso: si lo aceptara, podría fallar en el primer semestre de 2020; pero si lo rechazara, habilitaría a la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, a continuar el proceso.

A comienzos de este mes, Preska falló a favor de la Argentina, que había pedido suspender el juicio de los casos de Petersen y Eaton Park Capital por la nacionalización de YPF. La jueza anunció que esperaría hasta que la Corte de su país se expidiera sobre dónde debe dirimirse la presentación del fondo Burford, que posee los derechos de litigio de las dos empresas españolas que era propietarias de la petrolera cuando se nacionalizó.

Los abogados de Burford argumentan que durante la privatización se estableció que si en algún momento YPF cambiaba de titular, el accionista mayoritario les daría a los minoritarios la oportunidad de comprarle las acciones, algo que no ocurrió. (Télam)