Una ley penaliza a los inmigrantes legales pobres

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una nueva regla que podría negar la residencia permanente a cientos de miles de personas por ser demasiado pobres.

La norma podría reducir a la mitad la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de permisos de residencia (“green cards”) o de algunos visados.

Impulsada por Stephen Miller, el principal asesor antiinmigración de Donald Trump, entrará en vigencia a mediados de octubre y permitiría rechazar a solicitantes de visas temporales o permanentes por no cumplir con estándares de ingresos o por recibir asistencia social, cupones de alimentos, vivienda pública o Medicaid (la asistencia pública de salud).

Un cambio de ese tenor aseguraría que los inmigrantes “sean autosuficientes” al no necesitar “recursos públicos para satisfacer sus necesidades” ya que dependerán “de sus propias capacidades, así como de recursos de familiares, patrocinadores y organizaciones privadas”, de acuerdo a una publicación en el Registro Federal.

Si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de los fondos públicos para subsistir, se podrá cancelar su estatus de inmigración.

La nueva regla deriva de la Ley de Inmigración de 1882, que permite al gobierno denegar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una “carga pública”. La mayoría de los inmigrantes no residentes no son elegibles para los principales programas de ayuda hasta que obtienen las tarjetas de residencia, pero la nueva regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional amplía la definición de una carga pública que descalifica a más personas.

Grupos defensores de los inmigrantes afirman que la regla discrimina a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir. Dijeron, además, que el plan es un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley. La normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan asistencia pública de manera temporal. Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal, advirtieron. (Reuters)