Caso Gallardo: policías a domicilio y una familia clama por justicia en las calles

Desde el interior de una casa se escuchan gritos de dolor que vienen de la calle. Se ve el enrejado de la entrada y, un poco más atrás, a una camioneta de la policía de Salta. Es de noche, hay algunas sombras y se siente que una voz suplica por “mamá”. Es todo lo que se ve y se escucha en un video casero que desencadenó una serie de investigaciones por violencia policial. La justicia imputó a cuatro oficiales por homicidio culposo y los benefició con el arresto domiciliario.

El que está en la camioneta es Cristian Gallardo, el joven de 23 años que murió mientras lo trasladaban a la comisaría décima del barrio Santa Cecilia.

El domingo 25 de agosto Cristian salió a bailar y volvió al barrio en la madrugada del lunes. Se sentó en la vereda de la casa de un amigo a charlar y beber con él. Un patrullero se acercó y ellos salieron corriendo: Cristian entró a la casa y el amigo saltó la tapia.

“Los policías entraron y se lo llevaron. Él se agarró de la heladera. Sabía que adentro lo iban a hacer cagar. En las zonas bajas a la policía no le importa porque dicen que son marginales; entran sin orden y a meter cachiporrazos”, dice a LA GACETA Jennifer, hermana del joven.

Ella y sus primas dicen que si no fuera por el video que filmó una vecina, este caso hubiera quedado en la nada. Según el primer parte oficial, la policía arrestó a Cristian por el robo de un celular -del que no hay registro de denuncia-, convulsionó en la camioneta policial y murió.

“Dijeron que tuvo convulsiones, que se había ahogado con la coca y que se golpeaba solo la cabeza; se nos están burlando”, dice Jennifer. El lunes ella fue a la comisaría donde tuvo que esperar horas para que le dieran información, hasta que le dijeron que su hermano se había descompensado y que había recibido ayuda de los policías, pero que no había resistido.

“Los torturan a los chicos. Si él tenía que pagar algo, que lo pague pero no con la muerte. Ellos no son verdugos de nosotros”, reclama la joven en nombre de toda su familia y de su mamá Alicia Salas, que marcha todas las semanas en contra del “gatillo fácil” y la violencia policial.

Ni Jennifer ni Alicia pudieron ver el video todavía. Escucharlo, dicen ambas, les partiría el corazón.

Cristian, en bandera

En la última marcha del miércoles, Alicia cuenta que aún hay muchas cosas que no cierran en las declaraciones de los testigos. Uno de los últimos en declarar fue Ángel Ismael Lozano, la supuesta víctima de robo, quien también estuvo con Cristian en la camioneta de la policía. “Su testimonio fue largo y hubo muchas contradicciones en lo que dijo”, dice Alicia, acompañada de sus sobrinas e hijas en una protesta que se repite todas las semanas y cada vez hay más banderas y reclamos por justicia.

Lozano declaró que no vio a los policías golpear a Cristian, solo lo sujetaron entre tres oficiales porque oponía resistencia, según su testimonio. También negó que los oficiales hayan ingresado por la fuerza a la casa, dado que la dueña de la vivienda les habría dado permiso para entrar; pero la mujer dio una versión contrapuesta.

Rodrigo Escovar, el abogado representante de la familia Gallardo solicitó la imputación de Lozano por falso testimonio. Considera que el testigo es cómplice de los policías acusados. “En el video se escucha cómo Cristian decía ‘mamá’ y los alaridos. Lozano  estuvo en la camioneta: ¿y no escuchó nada comparable a los gritos que se escucha en el video?”, cuestiona el abogado en diálogo con LA GACETA.

Además pediría cinco careos: entre Lozano y cada uno de los oficiales, y Lozano con Norma Guzmán, la propietaria de la casa donde ingresaron de forma violenta.

Para Escovar y la familia, hay sobradas pruebas que inculparían a los policías de una brutal golpiza y abuso de la autoridad.

“Lo torturaron”, señala Mariel, la mayor de las hermanas Gallardo. “Cristian había venido dos días antes a Salta, desde Embarcación donde hace cuatro meses se fue a trabajar en una finca. Pero se volvió porque decía que extrañaba a sus hijitos”, cuenta la joven que vio el cuerpo de su hermano. “Había moretones, un golpe en la cabeza y tenía hundido una parte de la sien”, detalla.

En una segunda autopsia, requerida por la fiscalía días después del velorio, se enumera una serie de lesiones internas y externas de las que se pude inferir que el joven recibió una golpiza. Si bien el informe concluyó que la muerte tiene una “causa inespecífica” provocada por un shock producto de una isquemia, aún es materia de investigación. Para la familia esto es un elemento más que podría demostrar el accionar violento de los policías, quienes algunos poseen graves antecedentes. 

Violencia que antecede

Los efectivos investigados son Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea.

Llaves, López y Olea tuvieron denuncias por distintas causas de violencia y vejámenes. Ozuna, el más joven de los cuatro, no tenía antecedentes penales hasta ahora. Hoy, los cuatro fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. Así lo resolvió la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, quien consideró que no hay riesgo de fuga.

Para el abogado de la familia, que los acusados sean funcionarios de la policía puede entorpecer la investigación. Solicitaría que se secuestren los celulares de los efectivos y el detalle de sus comunicaciones registrado en las compañías telefónicas desde el 26 de agosto. Mientras, desde la fiscalía informaron que apelarán el arresto domiciliario.

Aún faltan más pericias por esclarecer. “En el furgón encontraron sangre y todavía no sabemos si era de él”, recuerda una de las hermanas de Cristian. Además, en la camioneta se encontró un diente, algo inexplicable para el abogado que buscará la ampliación de los peritajes y la reconstrucción de los hechos.

“Queremos que la carátula se cambie a homicidio simple agravado por el número de personas intervinientes y por abandono de persona. Porque nosotros no supimos nada de Cristian durante muchas horas y al hospital no lo llevaron”, reclaman las hermanas y primas del joven, cuya fotografía se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia policial en Salta. Además, este caso puso en cuestionamiento los peritajes del Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF) que fue intervenido días después de la muerte de Cristian y de la publicación de aquel video que estremece y reclama por la verdad.