A un mes del estallido, no cesan las protestas en Chile

SANTIAGO, Chile.- Incidentes aislados entre manifestantes y la policía en la capital chilena marcaron ayer el primer mes de una ola de protestas que han sacudido al país social y políticamente, y que han dejado más de 20 muertos, cientos de heridos, miles de detenidos y una catarata de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de policías y militares.

Aunque han bajado de intensidad, las manifestaciones -que iniciaron el 18 de octubre, tras el alza en el precio del transporte, para extenderse luego a múltiples reclamos en salud, educación, pensiones y el pedido de una nueva Constitución- se mantienen pese al intento del Gobierno por aplacarlas.

En la populosa barriada de Puente Alto, escaramuzas con la policía obligaron el cierre de locales comerciales y del tren subterráneo, cuya estación sufrió destrozos al inicio de la crisis. Otros focos se reportaban en otras partes de la ciudad.

En muchas ocasiones, las manifestaciones han derivado en saqueos, incendios y cuantiosos destrozos a infraestructura pública y privada, mientras aumentan las denuncias por el uso excesivo de la fuerza por partes de los cuerpos de seguridad.

La portavoz del Gobierno, Karla Rubilar, dijo que la policía ha tenido que actuar en “circunstancias muy adversas donde ha habido un nivel de violencia que no habíamos visto nunca en democracia”.

El domingo, el presidente Sebastián Piñera insistió en los esfuerzos del Gobierno por atender las demandas y avanzar en una nueva carta magna y, además de volver a condenar la violencia, también reconoció abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

“No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos”, sentenció el mandatario.

Partidos políticos de todas las tendencias firmaron la semana pasada un acuerdo para promover un referendo sobre una nueva Constitución y el mecanismo para su elaboración, lo que fue bien recibido por un sector político, pero repudiado como una trampa electoralista y “cosmética” por los sectores que piden cambios de fondo para combatir la desigualdad y la exclusión.

El gobierno de Chile enfrenta denuncias de parte de empresas, como Walmart, que acusa al Estado de no haber garantizado el orden público, lo que causó pérdidas millonarias, después de que más de un centenar de sus locales fueron saqueados e incendiados durante una ola de protestas sociales.

De acuerdo a uno de los documentos presentados ante la justicia en el sur del país, los hechos de violencia registrados durante el mes de movilizaciones en Chile han puesto en riesgo a trabajadores y clientes de la gigante estadounidense.

“El Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior”, añade el texto, que señala que las empresas representadas “requieren urgentemente de la necesaria presencia y acción disuasiva y protectora de las fuerzas de orden y seguridad pública”. (Reuters)