Cruces e indefiniciones en la Legislatura por la emergencia sociosanitaria

El Decreto de Necesidad y Urgencia para solucionar la problemática del norte entró en vigencia y generó polémica por la falta de consensos.

31 Ene 2020
2

Imagen ilustrativa

La muerte de seis niños en el norte de la provincia obligó al gobierno a actuar con rapidez. Después de convocar a una mesa multisectorial con legisladores de otras fuerzas políticas y organizaciones sociales, Gustavo Sáenz anunció la declaración de emergencia sociosanitaria para los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán. La medida generó alivio en algunos sectores pero también cruces en la Legislatura.

Uno de los principales cuestionamientos que se escucharon en las últimas horas radicó en la no convocatoria a sesiones extraordinarias entendiendo lo redactado en el artículo séptimo del DNU.

“Que no se trate este proyecto en el recinto relativiza el concepto de urgencia que tiene”, afirmó el diputado Carlos Zapata y sostuvo que la puesta en vigencia por mera voluntad del Ejecutivo no hace otra cosa que “degradar el sistema democrático” y la “imagen de institucionalidad”.

En diálogo con LA GACETA, el dirigente del partido Ahora Patria sostuvo también que al decreto la falta un artículo de monitoreo o control para saber cuál es el dinero invertido, el personal afectado y el plan de trabajo a realizar para determinar cómo se modifican las variables del hambre en Salta. “Si no se controla sucederá como hasta ahora donde con las emergencias solo aumentamos el gasto público y creció la cantidad de pobres”, agregó.

Desde el Ejecutivo, el secretario general de la gobernación Matías Posadas indicó que el DNU entró en vigencia desde su publicación (el martes) y tendrá vigencia durante 180 días, con la posibilidad de extenderse 90 días más. “Se convocó a las cámaras y ellas son quienes deben establecer las fechas, pero no es un requisito indispensable el tratamiento legislativo para que pueda ejecutarse”, remarcó.

En su artículo 145 la Constitución de la Provincia establece que el Poder Ejecutivo, en acuerdo general de Ministros, y previa consulta oficial al Fiscal de Estado y a los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa. En ese mismo apartado se determina también que “transcurridos noventa días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o rechazado por ésta, el decreto de estado de necesidad y urgencia queda convertido en ley”.

Olvido y reclamo

A pesar de incluirse al departamento Orán como zona en emergencia, los representantes legislativos del lugar no estuvieron invitados a la mesa multisectorial que encabezó el gobernador el lunes pasado.

A causa de esto, los legisladores de Orán junto a referentes religiosos y sociales se reunieron para unir criterios sobre lo que se vive en el norte y plantearle al gobierno las soluciones primordiales que se necesitan.

“Desde que se declaró la emergencia a Orán todavía no llegó nada. Nosotros vamos a hacer un relevamiento de los comedores que funcionan en los municipios del departamento y de las principales carencias que tenemos para esperar la ayuda del Estado”, enfatizó Juan Cruz Curá.

Imagen ilustrativa

El senador provincial por Orán señaló además que el DNU tiene una visión general de la emergencia y como consecuencia de esto es necesario tratarlo en una sesión extraordinaria.

Empieza a llegar ayuda

Roberto Dib Ashur, ministro de Economía y Servicios Públicos, anunció que con una inversión de más de 500 millones de pesos (entre recursos nacionales y provinciales), el Gobierno de Salta asistirá a las familias del norte que viven una situación de urgencia social.

El funcionario indicó que ya se realizó una transferencia y está disponible el dinero destinado para 160.000 módulos alimentarios que llegarán a las zonas vulnerables.

“Esto se logró tras la firma del convenio entre el gobernador Sáenz y el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, por lo que queremos agradecer especialmente al Gobierno nacional por este aporte”, destacó el ministro. En esta línea, expresó que los módulos estarán destinados a aquellas familias que no recibirán las tarjetas Alimentar.

Dib Ashur afirmó además que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación prepara para febrero la licitación de siete pozos de agua, con una inversión de $40 millones y 100 cosechadoras de agua que se instalarán en los hogares, con una inversión de $22 millones.

En cuanto al área de Salud Pública, el funcionario detalló que están en licitación 30 ambulancias, 10 con alta complejidad, con una inversión de $120 millones.

“Se recuperaron dos ambulancias y el hospital de Morillo donó otra, además, se realizó el pago de otra unidad para Santa Victoria Este y la compra de un tractor para la zona”, precisó.

Comentarios