El Gobierno da marcha atrás y lleva tranquilidad a los empresarios de medicina privada

Primero se dijo una cosa y luego otra. Fue cuando finalizó una reunión entre el ministro de Salud Ginés González García y los representantes de clínicas y medicina privada de todo el país. El motivo del encuentro era acercar posiciones luego de que trascendiera la intención del Gobierno de avanzar en un DNU que declare de interés público todos los recursos sanitarios del país debido a la crisis por el coronavirus. Pero después se dijo que esa idea fue descartada.

Lo que hará el Ministerio de Salud, avalado por el decreto que declaró la emergencia sanitaria, será iniciar una instancia de coordinación nacional para conocer minuto a minuto el estado y el factor de ocupación de las camas de internación común y de terapia intensiva, entre otros recursos. De esta manera, si faltan camas en hospitales públicos podrán ser suplidas en los sanatorios privados. "Se declarará a todo el sistema de salud con fines públicos", confirmaron fuentes del Ejecutivo al diario Clarín.

Según explicó González García, quieren "estimular la coordinación en todas las jurisdicciones entre lo público y lo privado para que las decisiones tengan un fin público en el marco de esta emergencia".

La medida se implementaría a través de una resolución del ministerio, que es la autoridad de aplicación en el marco de la pandemia, por el DNU 260 del Presidente. Fue a través de ese instrumento, por ejemplo, que el Gobierno decretó el 14 de marzo y -solo con la firma del ministro- el cierre de las fronteras para los no residentes.

Ayer, apenas trascendió la noticia del eventual DNU, los empresarios de la salud habían hecho saber su malestar y advirtieron que podrían avanzar con recursos de amparo si el presidente Alberto Fernández sancionaba el decreto.

Por eso hoy recibieron con tranquilidad las palabras del ministro. "Nos ha manifestado que nunca estuvo en estudio la apropiación de los establecimientos privados, ni la distribución de pacientes. El funcionario reafirmó que sólo desea que el ministerio ejerza el poder de rectoría para coordinar –por jurisdicción- los recursos disponibles”, explicaron.

Según publicaron medios nacionales, en la Casa Rosada responsabilizaron al ministro por anunciar la medida sin antes haber logrado los consensos políticos necesarios y sin que el proyecto hubiera llegado siquiera al despacho de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.