Sáenz y Urtubey fueron denunciados en la Justicia por el abandono de pueblos wichi

Tras las muertes por desnutrición y la escasa asistencia en el norte de Salta, el dirigente social Juan Grabois realizó una denuncia penal contra el anterior y el actual gobierno provincial.

19 May 2020

En más de una oportunidad, el dirigente social Juan Grabois apuntó públicamente contra el gobierno de Salta como responsable de las extremas condiciones de vulnerabilidad en las que viven las comunidades originarias en el norte provincial. Pero esta vez decidió llevar esta acusación a la Justicia: denunció penalmente al gobernador Gustavo Sáenz y al ex mandatario Juan Manuel Urtubey por abandono de persona e incumplimiento de deber de funcionario público.

La abogada salteña Josefina Arancibia fue quien presentó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el viernes último.

“Grabois pide que se impute a las personas encargadas de responder a la comunidad desde el Ejecutivo provincial por los delitos de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos y abandono de persona”, precisó la letrada, integrante de la Multisectorial de Mujeres de Salta, organización local que mantiene contacto con el dirigente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

La denuncia consta de 12 páginas en las que se describe la situación del norte salteño, donde en los últimos meses se evidenciaron varias muertes por falta de comida y de atención.

Previo al avance de la pandemia del coronavirus en el país, se habían registrado al menos ocho muertes de niños que sufrían de desnutrición y había otros 32 internados por esta misma afección. Esto también lo hace notar la denuncia de Grabois.

Pase de mandato entre Urtubey y Sáenz

Es más, el denunciante recuerda que la crisis humanitaria de los pueblos originarios trascendió las fronteras del país y obtuvo atención de organismos internacionales. En febrero último, el representante de la ONU en Argentina, Roberto Valent, comparó la situación del norte salteño con la de Sudán del Sur. Además, tras la intervención de diversos organismos, se develó que “hay 855 niñas y niños desnutridos, de muy bajo peso, 10 chicos en riesgo nutricional y más de 100 adultos en el mismo riesgo”, según detalla la denuncia.

Ante este contexto, Grabois manifestó en el escrito que es “evidente la desidia en el cumplimiento de las obligaciones propias del Gobierno provincial, más particularmente del Ministerio de Desarrollo Social de Salta”.

“No se han tomado las medidas necesarias para paliar una situación continua: no hay acceso al agua,  hay desigualdad de género, falta alimentación, es escaso el acceso a la salud y todos derechos humanos básicos no están cubiertos”, apuntó Arancibia, quien espera que la causa avance, pero que principalmente desea una solución. “Independiente de la sanción, lo ideal realmente es que se den respuestas efectivas a las comunidades”, dijo, en diálogo con LA GACETA.

La abogada explicó que, en caso de que la fiscalía interviniente considere viable la imputación por abandono de persona, este delito tiene penas privativas de la libertad.

No obstante, insistió en que “la finalidad es que se mejore la calidad de vida de estas personas a las que se las confinó a un total abandono”.

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