La Justicia libera más de 800kg de hojas de coca incautadas para el coqueo en Salta

Desde que se cerraron las fronteras como medida de prevención por el avance de la pandemia del coronavirus, el ingreso de hojas de coca desde Bolivia quedó paralizado y esto generó el desabastecimiento del ancestral producto en Salta y Jujuy. Ante la demanda de consumidores, dirigentes políticos locales pidieron las hojas secuestradas por la Justicia federal. Hubieron otros que proyectaron nuevas legislaciones para regular este mercado informal y hasta alguno propuso el cultivo de esta planta, ilegal en el país.

En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal autorizó, de manera excepcional, la entrega de esta materia prima incautada en distintos operativos de contrabando para que sea consumida por comunidades originarias de ambas provincias.

Son un poco más de 800 kilos de hojas de coca para los pueblos indígenas de Salta y una cantidad similar para los de Jujuy, según pudo confirmar LA GACETA.

"Se dispone la entrega gratuita de hojas de coca cuya incautación tuvo por objeto, en cumplimiento de la legislación vigente, evitar que en gran cantidad constituyan materia prima para la elaboración de estupefacientes. Esta decisión implica, habiendo evitado aquella posibilidad, destinarla para los fines lícitos que se vienen señalando, como el coqueo en estado natural", sostuvieron los fiscales federales de Salta y Jujuy, Eduardo Villalba y Federico Zurueta, respectivamente, en un dictamen que también firmó su colega Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Además habrá un protocolo sanitario para la entrega de la hoja de coca. Según publica hoy Clarín, se registrará el origen y verificará en un almacén central; luego se empaquetarán las hojas en bolsas de hasta 50 gramos elaborando y se identificará a los destinatarios, a quienes se hará entrega de una bolsa por semana como máximo.

La medida beneficiará a los pueblos kolla, guaraní, atacama, chicha, tilian, fiscara, quechua, ocloya, toba, ornaguaca y toara. Estas comunidades originarias coquean desde el siglo XVIII y el valor histórico y cultural de esta práctica es indiscutible para los fiscales. Asimismo el dictamen reconoce un vacío legal tras una situación contradictoria: se puede coquear en un país que no permite ni plantar ni tener ni importar la coca. En relación a esto Zurueta, Villalba e Iglesias apuntan a que "la situación debe ser abordada por una reglamentación que armonice las tensiones en juego".